Luciano Rivas dijo que el Gobierno debe usar las herramientas que le otorga la ley para terminar con estos hechos. Apeló, además, a la necesidad de una Ley de Inteligencia y fortalecer a las policías porque "se sienten sin respaldo".
Agencia Uno
En medio de una oleada de violencia en La Araucanía agudizada por la muerte del comunero mapuche Pablo Marchant, tras un enfrentamiento con la policía, este miércoles asumió la nueva autoridad regional con varios desafíos pendientes.
En entrevista con Pauta Final, de Radio PAUTA, el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, el único de los 16 del país que pertenece al oficialismo, dijo que efectivamente es necesario avanzar en la superación de la pobreza en la zona y mejorar la coordinación para hacer frente a uno de los temas que más preocupa: la seguridad, pese a reconocer que es una atribución del delegado presidencial.
En opinión de la autoridad es necesario contar con una Ley de Inteligencia para que las policías puedan enfrentar a grupos violentistas que tienen un alto poder de fuego.
"Hay un poder de fuego que es absolutamente preocupante y el llamado a las autoridades, en este caso de Gobierno, es a poner mucha más atención. Por eso también es tan necesario tener una Ley de Inteligencia, poder dar atribuciones distintas a la investigación, porque lo que está pasando hoy día es que enviamos carabineros de calle a enfrentarse prácticamente con estos grupos que tienen un alto poder de fuego y eso es muy peligroso. Y así hemos perdido tres carabineros en el último tiempo", aseveró.
Rivas sostuvo, además, que el Gobierno debe usar las herramientas que le otorga la ley para hacer frente a este tipo de hechos violentos y fortalecer la labor de las policías con mejores instrumentos.
Los Órganos de Resistencia Territorial fueron creados a fines de los 90. Pablo Marchant pertenecía al ORT Lafkenche-Leftraru. Según Héctor Llaitul, participaba en "una acción de sabotaje".
"Yo creo que el estado de sitio es una de las herramientas que tiene el Gobierno en este caso para poder enfrentar la situación. Hoy día qué es lo que ha pasado en nuestra región que, incluso con toque de queda, los atentados siguen ocurriendo, no ha sido un freno para este tema. Pero yo creo que el Gobierno en este caso tiene las atribuciones y tiene que ocupar todas las herramientas que tenga y en esto no estoy hablando de que sea una región completa a la que se tenga que ir, sino que hay zonas puntuales donde se tiene que hacer un control distinto y bueno. Si esa es una herramienta que el Gobierno tiene a la mano, tiene que utilizarla. Pero también tenemos que ir por otra parte, necesitamos dotar de mucha mayor tecnología a nuestras policías (...). Siento que muchas veces las policías en nuestra región se sienten sin respaldo y eso también complica el actuar de ellos", indicó.
El gobernador regional criticó a los sectores políticos de izquierda y afirmó que la actitud de ellos no ayuda a restablecer el orden y la paz social en la zona.
Antonio Errázuriz comentó la propuesta por la paz social que lanzó hoy la CPC, la que se centra en cuatro ejes. "Si hay algo que tenemos es esperanza", dijo.
"Más vidas y más sangre derramada en La Araucanía es lo que no queremos quienes somos de acá. Pero la verdad que ver la reacción de los Twitter de muchos políticos de izquierda y de centroizquierda, denominando esto prácticamente como un asesinato y levantando prácticamente una rebelión, no ayuda en nada. Aquí lo que necesitamos es que todos los grupos políticos se sienten a la mesa, que trabajemos de forma transversal y aquí lo que hay que buscar es la paz", indicó.
Escuche la entrevista completa del recién asumido gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas
La Comisión de Sistema Político aprobó también un modelo de presidencialismo atenuado, con una fórmula paritaria de Presidente y vicepresidente para el Ejecutivo.
La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, dijo que el presupuesto estimado total llega a los $2.400 millones.
La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, cree que no hay que sobre reaccionar ante normas que aún no son votadas, pero reconoce que están preocupados.
La propuesta de la derecha fue rechazada por 15 votos en contra y cuatro a favor. El principal argumento es que plantea un Estado subsidiario.
