La voz del Servel en medio de la crisis de los partidos políticos

El Servicio Electoral prepara propuestas para mejorar la legislación, monitorea la situación de los militantes y aclara qué ocurre cuando un partido se disuelve.

Ya son prácticamente tres años desde que entró en vigencia la nueva Ley de Partidos Políticos. Es tiempo de evaluaciones, más, si los últimos meses varias de las tiendas nacionales, han sido blanco de cuestionamientos. El caso más reciente: la crisis del Partido Socialista.

La última elección interna del partido liderado por Álvaro Elizalde y la polémica por el padrón en la comuna de San Ramón gatilló profundos reproches y abrió la discusión en las colectividades: si es necesario nuevas modificaciones legales para que las tiendas tengan mayores herramientas fiscalizadoras tanto en los procesos internos como en la revisión de los militantes.  

Es más, incluso antes de que eso ocurriera, el Servicio Electoral (Servel) comenzó a analizar qué cambios se deberían introducir. De hecho, hace algunas semanas comenzaron conversaciones con el Gobierno, específicamente con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, ya que, de acuerdo con la evaluación del servicio, se “requiere de una serie de actualizaciones, de aclaraciones”.

¿Qué cambios hacer?

“Nosotros estamos presentando a la Segpres, y eventualmente después lo haremos al Parlamento, nuestras observaciones de lo que ha sido la aplicación en estos tres años de la nueva Ley de Partidos Políticos, para que se mejore su implementación”, comenta a PAUTA Roberto Salim-Hanna, subdirector de partidos políticos del Servel.

Entre algunos de los desperfectos a corregir está una contradicción respecto a la fusión de partidos. La ley dice que los partidos que caen en causal de disolución no se pueden fusionar, pero subsiste la norma que permite que, a los 90 días después de que el Tricel comunique los resultados de la elección, los partidos puedan fusionarse.

En las observaciones que han realizado al Gobierno, como subraya el subdirector de partidos políticos, no han incluido la serie de planteamientos que ha suscitado la crisis que vive el PS.

“Ese un tema que ha surgido recientemente. Es un tema que seguramente será abordado por otros proyectos de ley que entendemos que se han presentado por distintas bancadas parlamentarias, que busca precisamente otorgarle al Servicio Electoral mayores facultades en cuanto a los procesos electorales internos de los partidos. Eso va por otra vía, nosotros nos referíamos a efectos mucho más técnicos”, explica.

Desde la entidad han llamado a los partidos a conversar sobre la posibilidad de aumentar los controles que podrían realizarse a los militantes, a fin de que no se repitan casos como el de San Ramón. Pero recuerda que otorgar más facultades al Servel requiere más recursos.

“Si se dicta una ley que nos otorgue más facultades evidentemente que tendremos que cumplirlas, pero eso también va unido, necesariamente, a un aumento significativo de los recursos que se le deben asignar al servicio para poder llevar adelante estas tareas”, dice Salim-Hanna: “Controlar los procesos electorales de los partidos en todos los locales de votación es una tarea bastante compleja”.

Posibles medidas

En mayo pasado los diferentes partidos asistieron a un taller que dictó el Servel sobre los procesos electorales internos. 

Aunque se han impartido algunas instrucciones, la tarea relevante deben ejercerla los mismos partidos.  Como expresa el subdirector, “la evaluación de la condición de los militantes es una tarea propia de ellos […] Me parece muy bien que los partidos organicen su criterio de aceptación o rechazo de los militantes, pero por ahora, como está la ley, el Servel es lo que puede hacer. Podemos colaborar”.

Más allá de la facultad fiscalizadora que tienen, dice, se debe salvaguardar la autonomía de los partidos, donde uno de los elementos clave es el manejo de su militancia.

Algunos partidos, como el PS, proponen fijar la condición de “premilitante”. Es una “buena idea”, opina Salim-Hanna. El funcionario explica que, al existir un padrón de adherentes, que no es lo mismo que el de afiliados, se encuentra una posibilidad de valuar las cualidades de quienes quieren llegar a ser militantes.

Según indica, en la categoría de adherentes, que solía utilizarse para menores de entre 14 y 18 años y hoy es una norma amplia, se podría fijar la “premilitancia”, y en los estatutos del partido debería definirse qué facultades se les concede y cómo se evalúa.

¿Y los partidos disueltos?

Otro de los temas que sigue de cerca el Servel, es lo que sucede con los partidos que infringen la ley y caen en causal de disolución. Nada es para siempre.

Conocidas son varias de las exigencias que fija la Ley de Partidos Políticos para que un partido pueda constituirse como tal. Entre la serie de requerimientos, tienen que definir los estatutos, dar cuenta de quienes integrarán los órganos internos y recolectar las firmas. Todo en 210 días. Tras el trabajo realizado, eso sí, todo puede quedar en nada. Siempre estarán sujetos a la revisión que realiza el Servel y propensos a que su inscripción sea cancelada.

La citada normativa establece siete claras causales por las cuales un partido se podrá disolver. Precisamente en una de ellas incurrió MAS Izquierda Ciudadana. No conformó los organismos internos que correspondían en el tiempo exigido, por lo que, a pesar de haber apelado, el Tribunal Calificador de Elecciones selló su disolución el 2 de julio pasado.

Pero, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Qué pasa con los dineros públicos que podrían estar comprometidos? Roberto Salim-Hanna, explica que la primera consecuencia de la cancelación de la inscripción de una tienda es su eliminación de los registros y libros, con lo que sus militantes pasan a ser independientes.

Tras esto, considerando que los partidos debidamente inscritos reciben fondos públicos, se detiene ese ingreso, al igual que otros tipos de aportes de particulares. Según establece la ley, el Estado, a través del Servel, otorga a los partidos aportes trimestrales que deberán ser destinados a la atención de sus gastos de funcionamiento. El 20% de esos fondos se determina en función de la región donde está constituido el partido (si está en más regiones, recibe más dinero), mientras que el 80% se calcula sobre la base de la representación parlamentaria que obtengan en la última elección de diputados. Por ejemplo, el PRI no tiene representación parlamentaria, por lo tanto solo obtiene recursos desde el 20% “regional” de los fondos.

Los diferentes partidos tienen que rendir cuentas de sus gastos. “Por mucho que estén disueltos, tienen que entregar una justificación de sus cuentas. Deben entregar [como los demás] su balance para que el Servicio los apruebe”, explica Salim-Hanna.

Todos los partidos deben justificar sus gastos en enero y entregar un balance en abril. Así, el subdirector agrega que, aunque estén disueltos, los partidos “tienen que formalmente justificar sus gastos y entregar sus balances. Si hay dineros que devolver lo tendrán que hacer. Si hay platas que no las devuelven, se iniciarán las acciones de cobro pertinente a través del Consejo de Defensa del Estado“.

En el caso de que un partido que tenga representación parlamentaria se disuelva, los fondos no son reasignados, a menos que dicho parlamentario se afilie a otra colectividad.

No todo está perdido

“Los partidos políticos son agrupaciones de derecho público, que, como cualquier organización, pueden nacer en la vida jurídica, permanecer en ella y finalmente disolverse”, dice Salim-Hanna.

Sin embargo, a pesar de la cancelación de la inscripción de un partido, no todo está perdido ni es una situación “dramática”, como sostiene el mismo subdirector. Esto, como detalla, porque “muchas veces pueden optar por fusionarse con otros o eventualmente reincorporarse como partido político. Hay algunos que se han disuelto y reiniciado su proceso de inscripción”.

Es precisamente el caso de Unión Patriótica (UPA), el cual se declaró disuelto en la última elección y por estos días se encuentra en proceso de “reformación”.