Los coletazos políticos y judiciales si prospera la acusación a los supremos

Suspendidos o cesados, se afectaría el trabajo de otras salas y se atrasarían causas. Piñera debería reemplazarlos, con la paradoja de que a los tres se les asocia más con la oposición.

La posible acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema, por los dictámenes que permitieron la libertad condicional de cuatro presos del penal de Punta Peuco y uno de la cárcel de Colina condenados por casos de violaciones a derechos humanos, está levantando un ruido jurídico y político de dimensiones inéditas en las últimas décadas. Si la acusación consigue los votos en la Cámara de Diputados, de inmediato los magistrados quedarían suspendidos de sus funciones por la aplicación del artículo 52 de la Constitución Política de la República. Sería apenas el primero de los problemas, puesto que si el Senado los halla culpables, serían cesados de sus funciones.

Hasta ahora, los potenciales jueces sujetos a la acusación son Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama.

Ante ese potencial barrido de consecuencias, algunos integrantes de la bancada de senadores del PS admiten en privado, paradójicamente, que esperan que los diputados DC no se plieguen a la acusación constitucional. Así el juicio no llegaría al Senado. Razones hay varias. Y presiones, muchas más.

Los efectos inmediatos

En la Cámara de Diputados se requieren 78 votos -la mayoría absoluta de sus 155 miembros- para acusar constitucionalmente a los magistrados. La oposición cuenta con 83 integrantes. De ellos, solamente la Democracia Cristiana (14 diputados) tiene aún en estudio su decisión. Todo el resto (PS, PPD, PR, Frente Amplio y otros) tendría ya resuelto el respaldo a la medida.

Pese a que existe un informe constitucional elaborado por abogados democratacristianos sobre esta materia, en el cual de desestiman los fundamentos que lleven a una acusación contra los supremos, la decisión es también “política”, afirman los parlamentarios de esa tienda. Eso significa que los argumentos jurídicos no son los únicos que se deben ponderar a la hora de resolver.

Se trata del mismo dilema original que tuvieron a la vista los diputados socialistas, quien tomaron el mayor protagonismo en este tema. Si bien las primeras voces para acusar a los magistrados surgieron en otros partidos de la oposición, fue la iniciativa peregrina del diputado Jaime Naranjo la que “prendió como pasto seco”, dice un dirigente del PS. Al comienzo, cuenta un importante legislador de esa tienda política, la propuesta de Naranjo fue tomada sin importancia, pero con las horas el asunto escaló. No solamente el Partido Comunista hizo de esto un asunto prioritario, en particular tras las opiniones de su diputada Carmen Hertz, sino sobre todo porque las organizaciones de defensa de derechos humanos y de familiares de las víctimas del régimen militar potenciaron su voz. “Los socialistas quedamos encerrados. Por un lado, varios sabíamos que jurídicamente no había muchos fundamentos para una acusación, pero políticamente no podíamos restarnos. No podemos dejar abandonadas a las organizaciones de derechos humanos”, explica un asesor de primera línea de la directiva del PS.

En todo caso, el partido se armó con su propio informe jurídico, elaborado en este caso por el abogado Enrique Aldunate, del estudio Zúñiga Campos. El tronco argumental se centra en el supuesto desconocimiento hecho por los jueces de tratados internacionales en derechos humanos, lo que determina que fueron negligentes y, por lo mismo, pueden ser acusados por “notable abandono de deberes”. Esa argumentación no convence a otros abogados del PS, pero entienden que en este caso no tienen en realidad ningún margen de maniobra.

Si la acusación progresa con los votos suficientes de la DC, los tres jueces serían suspendidos de inmediato de sus cargos. En algunos círculos se habla de circunscribir la acusación a uno o dos magistrados en vez de los tres, lo que se parecería a la fórmula que en 1992 terminó con la destitución del ministro Hernán Cereceda por “notable abandono de deberes”.

De ocurrir esta suspensión, la sala que integran estos jueces, la Segunda Sala Penal, se quedaría sin los integrantes necesarios para operar con el quórum requerido. Cada sala debe contar con cinco magistrados, pero se necesita un mínimo de tres para funcionar (los otros dos jueces pueden ser abogados integrantes).

Las salas de la corte

La Corte Suprema funciona con cuatro salas, las cuales suelen ir variando en cuanto a los ministros que la integran: 

• Sala 1: Civil
• Sala 2: Penal
• Sala 3: Constitucional (o contencioso-administrativa)
• Sala 4: Mixta (causas laborales, de familia, sobre minería, entre otros)

En caso de que existan muchos cargos de ministros vacantes o que haya escasez de supremos por haber sido destituidos, se arriesga el correcto funcionamiento de las salas. Según explican desde el Poder Judicial, cuando no hay ministros suficientes “se caen las salas o dejan de funcionar”. Y esto siempre ocurrirá partiendo por la cuarta sala, la que ve temas mixtos. Esto es un escenario que suele ocurrir al menos una vez al año debido a ausencias de supremos que presentaron licencias médicas o por otros motivos. 

Es decir, si quedan suspendidos los tres ministros de la Sala Penal, la sala perjudicada será la Mixta, donde deben fallarse casos de suma importancia para las causas laborales y de familia. Como comenta un abogado litigante, “sería un gran problema del que los parlamentarios no parecen enterarse: se generaría un importante atraso en varias causas”.

Las salas funcionan de lunes a jueves, y el pleno lo hace los viernes. Fue precisamente el viernes pasado cuando el conjunto de colegiados de la Suprema, reunidos en el pleno, emitieron una declaración pública de forma unánime que, en la práctica, los enfrentó sin ambigüedades contra la oposición.

Aunque reconocieron la atribución que la propia Constitución les concede a los parlamentarios para realizar una acusación de este tipo, citaron distintos preceptos internacionales con los cuales justificaron la decisión de la Segunda Sala Penal. Así, el pleno respaldó jurídicamente la resolución de los magistrados que serían acusados, y para ello anotaron normas propuestas incluso por Naciones Unidas justo el día en que la asamblea de esa organización confirmaba el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos. 

En lo más relevante, en todo caso, los supremos fueron a los dos puntos de fondo: primero, que no son los legisladores (“un organismo extraño”) los mejor preparados para determinar si el fallo es jurídicamente correcto. Y segundo: “Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”. 

Los jueces de “izquierda”

La siguiente dosis de paradoja radica en las trayectorias de los ministros de corte acusados.

Como cuenta con alto dirigente socialista, a condición de anonimato, “los tres jueces de la Suprema que van a ser acusados constitucionalmente pertenecen al bando progresista de la corte. Dos tramitaron causas emblemáticas: Dolmestch en la denominada Operación Albania y Valderrama el Caso Riggs“.

En abril, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo al cierre de un congreso de su partido, la UDI, que los magistrados responden a la tendencia política del gobierno de turno. “Si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido gobierno de derecha y 24 años de gobiernos de izquierda”, dijo.

Entre quienes le respondieron estuvo Künsemüller. Por medio de una carta a El Mercurio, relató que en un concurso de antecedentes para llenar un puesto de la Corte Suprema a ningún candidato se le consultó por sus convicciones políticas. Más bien, agregó, “deberemos estar atentos a la transparencia, objetividad y prescindencia política con que se conduce el camino que en los ámbitos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo debe seguir el proceso de nombramiento, ya que el Tribunal Supremo cumplió cabalmente su tarea”.

El dilema que se abre, por lo tanto, es grande. 

Si la acusación llega hasta el Senado, también basta la mayoría absoluta para sellar la expulsión de los magistrados de esa corte, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución. “Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años”, establece en su cuarto inciso del numeral uno.

En el Senado, la oposición cuenta con 23 integrantes y se necesitan 22 para aprobar la destitución. Además está el voto del senador independiente Carlos Bianchi, quien en otras dos instancias anteriores (cuando Yasna Provoste y Harald Beyer fueron destituidos como ministros de Educación en 2008 y 2013, respectivamente) votó a favor de la sanción. Los senadores no pueden expresar su preferencia en forma pública sino hasta el momento del eventual juicio en Sala.

La bancada del PS en la Cámara Alta tiene dudas sobre los fundamentos jurídicos de la acusación, pero políticamente les resultaría inviable no solo no apoyar a sus pares diputados, sino además quedar desalineados de las solicitudes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Incluso más ahora, en un momento en que esta materia volvió a la primera línea de la opinión pública, luego de que se recordaran unas declaraciones hechas en 2016 por el ahora nuevo ministro de Cultura, Mauricio Rojas, en una entrevista con CNN en Español, referida a su visión del Museo de la Memoria, lo que le generó numerosas críticas por parte de la oposición.

Para los propios parlamentarios DC, tanto en la Cámara como en el Senado, la misma disyuntiva está abierta. Aunque para algunos senadores PS y DC sería conveniente evitarse la votación si en la Cámara no prospera la acusación (y ello ocurriría si la mayoría de los diputados DC rechaza la moción), existe otro cálculo que también les resulta incómodo: lo que ocurra después de una eventual destitución de los magistrados de la Corte Suprema acusados. Después de todo, habrá que reemplazarlos.

La decisión del día después

Por un lado, la Democracia Cristiana ha buscado negociar con el Gobierno un camino que permita cambiar las condiciones con que se determinan las libertades condicionales para los futuros casos. Por otro, se suman las gestiones para que la acusación en sí misma no siga adelante, por la animadversión que esto generará entre los magistrados, los mismos que eventualmente revisarán los casos en que haya parlamentarios involucrados por casos pendientes en materia de financiamiento ilegal de la política. El cálculo de los legisladores más ofensivos en esta acusación apunta a que, aunque la medida fracase, habrán sentado ya una amenaza a los supremos para que no vuelvan a proceder del modo en que lo hicieron con condenados por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, si uno, dos o los tres ministros de la Corte Suprema son destituidos, le toca a este gobierno designar a los reemplazantes. Ese temor está vivo en los cálculos de los dirigentes de la oposición y, por lo mismo, la decisión tiene un efecto de esquirlas que desean evitar.

Si los actuales magistrados son considerados más progresistas que oficialistas, el Presidente Sebastián Piñera podría perfectamente elegir jueces más alineados con su posición, los que incluso sean más proclives no solo a conceder libertades condicionales, sino que a revisar los criterios de condenas de otros casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque es cierto que la nominación del Presidente (que debe escoger el nombre a partir de una quina elaborada por la Suprema) debe ser aprobada por el Senado, siempre tendrá más chances de negociar con parlamentarios más moderados y evitar a los legisladores de línea más opositora.

Debido a que cumplen el límite de edad de 75 años, tanto Dolmestch (en 2019) como Künsemüller (en 2021) deben abandonar la Suprema durante este gobierno. No así Valderrama. Es decir, si son destituidos, Piñera debería adelantar sus nombramientos en dos casos, y también tendría el poder de escoger a un tercero que no estaba considerado inicialmente en el cronograma. De hecho, durante su gestión en La Moneda, Piñera deberá afrontar la jubilación de otros tres supremos, que se suman a las recientes salidas de Carlos Cerda y Milton Juica: Héctor Carreño (2019), Lamberto Cisternas (2020) y Rosa María Maggi (2021). Y como comenta uno de los abogados PS consultados para este artículo, la actitud de férrea oposición de este partido hará muy difícil que sea invitado a cualquier posible negociación de nombres, sobre todo luego del comportamiento de los senadores que no entregaron su voto favorable a Ángela Vivanco como sucesora del retirado Patricio Valdés Aldunate.

Así, los cálculos de los senadores socialistas les resultan sombríos. 

La Tercera Sala Constitucional de la Suprema podría quedar compuesta por mayoría de ministros nombrados por Piñera. Esto, porque lo más probable es que la recién jurada ministra Ángela Vivanco integre dicho espacio, dada su especialidad en derecho constitucional, para compartirlo junto con los supremos Arturo Prado y María Eugenia Sandoval. La sala ha adquirido especial relevancia por tener que tramitar causas relacionadas con temas de género. Por ejemplo, fue de esta instancia desde donde salió el fallo de la Corte Suprema que autorizó un cambio de nombre y sexo registral de una persona transexual sin necesidad de una intervención quirúrgica.