Política

Piñera le habla al mundo mientras deja atrás a Escazú

En su discurso ante la ONU, el Presidente ratificó el compromiso de Chile con el medioambiente. Tres horas después, el Gobierno confirmó que no firmaría el Acuerdo de Escazú.

Agencia Uno

Por Cecilia Román

Martes 22 de septiembre de 2020

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"El tiempo de los diagnósticos se acabó. Llegó el tiempo de la acción.  ¿Cuál es el compromiso de Chile con el cambio climático? Estamos totalmente comprometidos con esta causa, una causa que ha inspirado y movilizado a millones y millones de ciudadanos en el mundo entero", decía este martes ante la 75° Asamblea General de Naciones Unidas el Presidente Sebastián Piñera.

En su discurso, el Mandatario dedicó un largo capítulo a la crisis del medioambiente y a los compromisos que el país adquirió, como el proyecto de ley marco de cambio climático que busca alcanzar hacia 2050 la carbononeutralidad; o la idea de llegar a una economía circular, basada en la cultura de lo reciclable.

Tres horas después, el canciller Andrés Allamand y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, expusieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados las razones finales por las que el Gobierno decidió no firmar el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

"Es una contradicción", afirmaron las voces críticas de la oposición y la academia. Chile había sido uno de los principales impulsores de ese acuerdo.

Los ejes del discurso

La cita de este año reunió virtualmente a autoridades de todo el mundo y no en Nueva York, donde se ubica la sede de la ONU. Producto de la pandemia, los mandatarios enviaron sus intervenciones en video y este martes era el turno de Piñera, quien expuso por poco más de media hora sobre tres puntos generales. La pandemia, el medioambiente y la crisis social que estalló en Chile en octubre de 2019.

En cuanto al último, la lectura que compartió el Mandatario sobre el origen de aquel proceso fue que los gobiernos de Chile habían sido incapaces aprovechar el crecimiento y el desarrollo de los últimos 30 años para reducir las desigualdades y frenar los abusos. Y en ese contexto habían surgido una serie de manifestaciones que el "el Gobierno escuchó", pero al mismo tiempo "grupos minoritarios provocaron una enorme explosión de violencia".

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El plazo final para la entrada en vigencia del tratado vence el 26 de septiembre. Chile ha dicho que "no es conveniente" suscribirlo.

"Mientras ejercíamos nuestro deber de restaurar el orden público y resguardar la seguridad ciudadana, nuestro Gobierno tomó todas las medidas y todas las precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos nuestros compatriotas", afirmó.

Abordó también la salida institucional que el Ejecutivo "propuso y Chile optó" a través de la reforma que dio pie al proceso constituyente. En ese momento, manifestó estar "convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución".

El medioambiente y Escazú

Pero el efecto de su discurso no llegó hasta varias horas más tarde, cuando Allamand presentó el informe final que sustenta la decisión por la cual Chile no firmará Escazú. Los diputados de oposición presentes acusaron una contradicción en la defensa del medioambiente que el Mandatario había manifestado durante la mañana, y el rechazo a signar el tratado.

Los ministros Allamand y Schmidt detallaron los cuatro ejes a partir de los que el Gobierno basó su argumentación:

  1. Este acuerdo "introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental"
  2. "Podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica"
  3. "Introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento"
  4. "Expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas". 

"El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, ni en el acceso a la información, ni en la participación ciudadana o el acceso a la justicia ambiental. Está en la forma en que quedó el escrito final, la ambigüedad y amplitud en que quedaron redactados algunos artículos, sumado al carácter supralegal del tratado, o sea, que se aplica por sobre la legislación nacional", aseveró Schmidt.

El punto, además, es que el tratado no admite reservas, por lo que no hay observaciones vinculantes que el Gobierno pueda hacer al firmar. Ya dos semanas atrás el canciller había esbozado esos mismos razonamientos en una serie de exposiciones que realizó en el Congreso. Entonces, explicó que no era "conveniente" para Chile, pero comprometió un documento jurídico con mucho mayor detalle de los reparos del Ejecutivo.

Aquel documento fue el que presentó este martes. La respuesta mayoritaria de los diputados de izquierda y centroizquierda y de varios de los expertos en derecho internacional y derecho ambiental fue negativa. 

"Lejos de ser un informe que fundamente la decisión, solo trata a posteriori de justificar una decisión política que se tomó contraviniendo una política de Estado firme hasta ahora. Es un documento pobre, deshonesto y equívoco, y que contradice lo que sabemos que antes se había analizado tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en la Cancillería", opina en conversación con este medio Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental en la Universidad de Chile y directora de Espacio Público.

Punto por punto 

Durán plantea además que la posición de Chile, principal impulsor del tratado, se construyó "de manera seria y no improvisada", y que durante años los funcionarios de los ministerios intervinientes se dedicaron a contrastar cada punto de Escazú con la legislación nacional.

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De ahí la sorpresa y el enojo en el mundo jurídico. Fueron 186 los abogados expertos en derecho internacional y ambiental que firmaron en 2018 una petición dirigida al Presidente para que Chile tomara parte del acuerdo. 

"En la Asamblea General, el Presidente habló de aprender de las lecciones del diálogo, de la cooperación y el acuerdo. Eso es tan contradictorio porque lo que hubo para construir Escazú fue un amplio diálogo, hubo una consulta pública. Esa confianza que se fue construyendo, hoy día se rompe. Es un pésimo ejemplo para los otros países que están en proceso de firma y ratificación", suma Durán. 

Algunos, entre ellos la académica de la Universidad de Concepción Paulina Astroza, estudian la posibilidad de realizar un seminario sobre Escazú y el detalle de la contraargumentación a lo manifestado por el Gobierno. 

¿Cuáles son aquellos temas equívocos, a juicio de estos especialistas? Uno de ellos, la "supralegalidad" esgrimida, pues "todos los tratados internacionales que celebra Chile tienen un valor jurídico por sobre la ley. Por lo tanto, si ese fuera el argumento, no podríamos celebrar ningún tratado internacional", comenta Astroza a PAUTA.

Luego, la indefinición de algunos principios que en el Gobierno plantean como uno de los cuatro puntos más relevantes para decir que no a Escazú. El tratado habla de "buena fe", por ejemplo, que ya se encuentra vigente en varios acuerdos internacionales y tampoco está definido en esos. De hecho, según recuerda Astroza, fue Chile el que pidió que no se definieran dichos principios, pues era mucho más difícil poner de acuerdo en esos puntos a todos los países que participaban de la negociación.

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"No es malo que los principios no se definan porque incluso nos da margen para hacer nuestras propias definiciones. Los principios son herramientas que nos permiten interpretar nuestras normas. Demonizarlos es absurdo", agrega Durán.

Fue la ministra Schmidt en esta oportunidad que manifestó que Chile ya cuenta con altos estándares en materia medioambiental. En ese punto, las especialistas hacen una distinción: según plantean, Chile está mucho más avanzado en este tema que otros países que han firmado ya, pero la OCDE en su informe de Evaluación de Desempeño Ambiental en 2016 hace una serie de recomendaciones para eliminar las brechas sobre disponibilidad de información sobre derechos de agua o de contaminación del aire, por ejemplo.

Que el acuerdo es "ambiguo" fue otra de las ideas más repetidas por parte del Ejecutivo. Las académicas lo descartan. Escazú plantea "normas amplias" que disponen que haya coherencia con las condiciones del estado respectivo, pues el tratado "se preocupó mucho de que los estados ajustaran sus legislaciones en la medida en que pudieran cumplir", dice Paulina Astroza.

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Pero el punto más polémico es uno de los más conocidos y que Chile argumenta desde 2018: la posibilidad de que, producto de Escazú, el país pudiera verse envuelto en conflictos internacionales y ser llevado eventualmente a cortes internacionales, como La Haya o la CIDH, en el caso de violación de derechos humanos. En cambio, dicen que no está, ni nunca estuvo en juego, un supuesto reclamo por parte de Bolivia por una salida al mar.

Sobre el primer punto, "hay una cláusula en el tratado que habla de los mecanismos de solución de controversias donde aparece como opción recurrir a la Corte Internacional de Justicia. No es obligatorio, el Estado tiene que aceptar ese mecanismo o puede aceptar otros. No es automático que, si se viola Escazú, otro estado nos demandará ante la corte", explica Astroza.

Y con respecto llegar a la CIDH, "con o sin Escazú nos pueden llevar igual a la CIDH porque el medioambiente es un derecho humano. En el Acuerdo de París, en su preámbulo, se reconoce como tal. Chile es parte de aquello", agrega.

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