El duro enfrentamiento que pone en la palestra a Bienes Nacionales

La cartera que lidera Felipe Ward impulsa una regularización de terrenos ocupados ilegalmente en la costa de Atacama, lo que ha generado duras críticas por parte de destacados urbanistas.

Las críticas no tardaron en aparecer cuando el Ministerio de Bienes Nacionales informó que se comenzarían a vender terrenos costeros en la región de Atacama a ocupantes ilegales. Con esto, se busca regularizar una serie de tomas que se extienden en dicha región, las cuales están conformadas, en cerca del 95%, por segundas viviendas que son ocupadas solamente en verano.

La magnitud del problema

El territorio en cuestión, 532 hectáreas, equivale a todo el borde costero que va desde Viña del Mar hasta Concón. “Nosotros medimos los 19 asentamientos y es enorme la envergadura”, afirmó el arquitecto y director de Espacio Público, Iván Poduje, en Primera Pauta. “Uno esperaría que la autoridad tome cartas en el asunto”, agregó.

Pero el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, plantea que sí se están implementando medidas. “Son terrenos fiscales y aquí hay más de 7.000 personas. Yo creo que ningún gobierno tiene la capacidad para desalojar a esa cantidad de personas, eso no va a ocurrir”, aseguró Ward en Pauta Final.

La cifra entregada por Ward no coincide con la información que proporcionó Iván Poduje, quien señaló que, según el catastro realizado por Espacio Público, serían más de 9.000 las viviendas que ocupan el territorio. “Es mucha más gente la que efectivamente está ocupando estos lugares, pero eso no significa que no se puedan retirar de forma programada”, comentó de forma crítica el arquitecto.

Al ser cuestionado sobre la decisión de llevar a cabo esta normalización, en vista de que no corresponden a viviendas sociales de primera necesidad, Ward aseguró que con esta medida se frenará el crecimiento de este tipo de tomas. “Aquí había dos opciones: no hacer nada o trabajar con los vecinos. Estamos dispuestos a asumir el costo de las críticas, creemos que esto es una buena política pública y que se está haciendo lo correcto”, declaró en el informativo de PAUTA.

Un proceso a la inversa

“Esto es bajar la vara, es permitir que lugares atractivos se construyan con estándares que son de un país de hace 70 años”, comentó Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en el programa Voces de la Gran Ciudad. “Yo creo que regularizar sin planificación previa va en contra de todo lo que Chile ha afirmado en cuanto a políticas de planificación urbana”, agregó.

Sin alcantarillas, alumbrado público o caminos. Ni siquiera agua potable. Esa es la situación actual en que se encuentran estas tomas en el norte del país. “Aquí se está haciendo todo al revés”, señaló Bresciani sobre la falta de estándares urbanos. “Se está entregando la propiedad y luego se verá cómo instalar todo lo demás”.

Relacionado con el proceso de urbanización que aún se encuentra pendiente en dichas zonas, Iván Poduje comentó el alto costo económico que implica una planificación así. Es necesario contratar un equipo especializado de ingenieros para organizar y llevar a cabo el plan, el cual no se puede desarrollar simplemente formando de una mesa técnica compuesta por parlamentarios, alcaldes y gobernantes, como dijo el ministro que lo harían.

Según Felipe Ward, el costo de urbanización corre por cuenta de los vecinos y no representa un gasto para el Estado. El ministro aseguró que, tras conversar con locatarios y dirigentes, ellos confirmaron tener la capacidad de pago, el cual se realizará con un plazo máximo de 15 meses. Agregó que, de no llevarse a cabo la habilitación urbana del territorio ocupado, “habrá que pensar en un plan B, el cual por supuesto no descarta el desalojo”.

“Yo particularmente no sé qué derecho tienen estas personas sobre ese lugar”, señaló Luis Eduardo Bresciani, argumentando que estas tomas están ocupadas, de manera mayoritaria, por personas que sí tienen otras alternativas de vivienda y que están usando estos terrenos para vacacionar. “La señal que se está entregando es: para este verano, tómese una playa”, comentó.

Un debate a distancia

A través de diversos medios de comunicación se ha gestado el enfrentamiento que tiene, en un extremo al ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y en el otro a un grupo de reconocidos urbanistas que se han manifestado en contra de la medida adoptada por la entidad gubernamental.

Una serie de interpelaciones, algunas adjudicadas incluso con nombre y apellido, se han realizado desde ambos sectores. Un llamado a los “urbanistas teóricos” de la Región Metropolitana para que “pongan un pie en las poblaciones y se den cuenta de lo que está ocurriendo” apareció el 4 de enero en El Mercurio. “Es fácil proponer soluciones desde el barrio El Golf”, señalaba el ministro Ward al medio santiaguino.

“Que uno tenga una oficina en el sector oriente no implica que uno no pueda ir a las localidades. Supongo que el ministro no se refiere a nosotros, porque puede descargar el informe realizado y ver que esto, de teórico, no tiene nada”, señaló Iván Poduje en PAUTA, respondiendo a los dichos de Ward.  “Ojalá que el ministro esté escuchando. Yo lo invito a que baje nuestro reporte de 19 páginas con fotos aéreas y catastros. Sí fuimos a terreno”, agregó.