Economía

Hacienda define metas anuales para reducir el déficit y explica las atribuciones del Consejo Fiscal

En entrevista con PAUTA.cl, el coordinador macroeconómico de la cartera, Hermann González, adelantó su visión sobre la estrategia fiscal que anunciará este miércoles el gobierno, y abordó las recientes polémicas suscitadas en materia fiscal.

Por Marcela Gómez

Miércoles 6 de junio de 2018

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Ad portas de que el gobierno anuncie este miércoles 6 de junio la estrategia fiscal que adoptará para el período 2018-2022, tal como lo exige la ley de Responsabilidad Fiscal, el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Hermann González, reafirmó que el compromiso es cerrar el déficit estructural de 2% del PIB en un período de seis a ocho años y declaró su preferencia por instaurar anclas anuales para medir la evolución de la política fiscal.

En entrevista con PAUTA.cl, el economista planteó que esta es una forma más eficiente para avanzar en la convergencia fiscal que simplemente fijarse un objetivo hacia finales del periodo presidencial, ya que esto puede traducirse es desviaciones a medio camino, que pueden resultar imposibles de corregir.

El coordinador macroeconómico de Hacienda destacó el ingreso del proyecto de ley que crea un Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la primera iniciativa legal que envía la cartera desde que asumieron las nuevas autoridades. Aclaró que este proyecto no fue acompaño de un informe de productividad, ya que no se consideró necesario, debido a que dicha instancia no impacta directamente en indicadores como crecimiento o empleo.

Precisó que el informe financiero establece que el funcionamiento del CFA demandará recursos públicos por casi $260 millones anuales en régimen y enfatizó el gran avance que implica tener una institucionalidad fiscal fortalecida, con autonomía operacional y presupuestaria. No obstante, detalló que dicha autonomía no implica que el gobierno abdique de sus facultades a la hora de conducir la política fiscal.

Respecto del funcionamiento diario del CFA, Hermann González dijo que una vez que se apruebe la ley, dicho organismo trabajará en conjunto con Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) un reglamento que regule su operación. Ahí se definirán temas como el acceso a información que tendrá dicha instancia respecto de las cifras económicas asociadas al balance estructural, información que podrá solicitar a diferentes organismos del Estado y lineamientos respecto de las proyecciones del precio de largo plazo del cobre y el PIB tendencial, entre otros.

Uno de los temas de mayor interés en Hacienda, y que quedó plasmado en el proyecto de ley, es que dicho reglamento debe asegurar que las decisiones del CFA sean comunicadas de forma colegiada, de modo de evitar controversias públicas entre sus miembros.

El economista también se refirió a la polémica generada luego de una revisión del estado de las finanzas públicas, en la cual se detectaron "gastos comprometidos" sin financiamiento (como lo calificaron las autoridades actuales) por US$ 5.500 millones. Esto provocó divisiones entre los integrantes del CFA, como se refleja en el acta de la sesión donde se debatió el tema.

La reciente renovación del CFA, tras vencer el mandato de los anteriores integrantes, implicó que se mantuvieran en el organismo sólo los dos consejeros que habían apoyado la metodología usada por Hacienda para las presiones de gasto ( el vicepresidente Gonzalo Sanhueza y el consejero Aldo Lema); al tiempo que no se renovó el período de los tres que había sido críticos públicamente: la presidenta de la instancia, Andrea Repetto, y a los consejeros Juan Pablo Medina y José Yáñez.

El coordinador macroeconómico de Hacienda, que integró el CFA entre 2014 y marzo de 2018, fue consultado sobre si esta decisión puede interpretarse como una señal de favoritismo político hacia aquellos integrantes cuyo análisis coincidió con el de la autoridad.

Hermann González también se refirió a las expectativas de crecimiento, luego que la expansión de 5,9% del Imacec de abril revelara una aceleración de la actividad; y al impacto que el mantenimiento de la tasa del impuesto corporativo podría tener en las expectativas empresariales.

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