Cómo era la COP 25 que Chile desistió realizar por el clima social interno
El financiamiento de la fallida cumbre de cambio climático y sustentabilidad de diciembre estaba a cargo del Estado, pero con una alta participación del sector privado.
La vigésimoquinta Cumbre de las Partes -llamada popularmente COP25-, se realizaría entre el 3 y el 13 de noviembre en Chile. Como su nombre lo indica, era la 25° edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y vendrían representantes de 27 países.
La COP, que se realiza en forma anual en diferentes lugares del mundo, es el órgano principal de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático, y su objetivo es discutir y poner en acción políticas públicas globales para controlar el daño medioambiental.
Chile logró ser sede luego de que el entonces presidente de Brasil, Michel Temer, desistiera de hacerlo en noviembre de 2018. Lo hizo a los pocos días de entregar el poder a Jair Bolsonaro.
Así fue como, a fines de 2018, se anunció que la nueva sede sería Chile. Y después de buscar distintas locaciones, se optó por realizar la cumbre en el Parque Bicentenario de Cerrillos, un espacio de 60 hectáreas donde se esperaba el arribo diario de 25 mil personas.
La primera edición de este evento (COP1) fue en 1995, en Berlín. Pero fue la tercera cumbre, efectuada en Kioto, la que produjo el famoso protocolo de reducción de gases de efecto invernadero. En 2018, la sede fue Katowice, en Polonia. Y ahora le tocaba a Santiago, hasta que durante la mañana del 30 de octubre el Gobierno determinó suspenderla debido a la crisis social que vive el país. “Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa”, dijo el Presidente Sebastián Piñera.
En la organización de la COP, el sector privado había cumplido un rol clave para colaborar en su financiamiento, específicamente al canalizar la recaudación de fondos de las empresas a través de sus principales gremios. El aporte de la minería, por ejemplo, llegaba a los US$ 2 millones.
Como los aportes de las empresas se harían principalmente a través de los gremios, se estableció una fórmula para hacerlo. Por ejemplo, el SII abrió dos caminos: a través de cuotas extraordinarias de socios o vía creación de un fondo común con RUT. En ambos casos se incluyen rebajas tributarias.
Asimismo, el Gobierno, a través de los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencias, la Fundación Imagen País de Chile y el sector privado, trabajaban en la organización y financamiento del evento.
El costo de organizar la COP no podía exceder de los US$ 90 millones en total, por lo que se estableció que tuviera un presupuesto flexible. Esto significa que la recaudación de fondos también dependería de las empresas y aportes extranjeros.
De hecho, la Dirección de Presupuestos había autorizado un aporte fiscal cercano a los US$ 35 millones, dinero con el que se pagó a la productora francesa Gl Events para organizar la ciudadela en Cerrillos.