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Los argumentos de la defensa de Guevara frente a la acusación constitucional

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Intendente Metropolitano, Felipe Guevara. Agencia Uno
POR Maria Catalina |

La defensa del intendente metropolitano solicitó que el libelo se declare inadmisible. Aseguran que dentro de sus atribuciones no está definir las estrategias de Carabineros.

La tarde del jueves 16 de enero, a las 19.30 horas, los abogados que representan al intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara (RN) ante la acusación constitucional que presentó parte de la oposición, ingresaron a la comisión que revisa el libelo el documento impreso que contiene la defensa de la autoridad regional. Ahí, aseguran que la acción no tiene sustento, que debe ser declarada inadmisible y que el intendente no es responsable de los hechos que se le imputan. 

La arremetida opositora pretende evidenciar que la autoridad de la RM no habría garantizado a los manifestantes, en el marco de la crisis social, el derecho a reunión y la libertad de expresión. Esto, por el “copamiento” que realizó Carabineros, en diferentes oportunidades y lugares, principalmente en el sector de Plaza Baquedano. 

Cuestión previa

El texto de 121 páginas apunta la denominada cuestión previa de admisibilidad, pues, a juicio de los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila, la “acusación se basa en hechos y alegaciones que no me son imputables”. Se indica que las decisiones que se le atribuyen a Guevara corresponden a determinaciones “de otras instituciones y autoridades”. 

Así, se argumenta que el intendente no tiene incidencia en las medidas de seguridad aplicadas por Carabineros. “Queda claro que la decisión de ejercer la estrategia de ‘copamiento’ no corresponde a este intendente metropolitano, por cuanto, como se explicará a continuación, carezco de las capacidades legales, técnicas y operativas para definir estrategias policiales, y por lo tanto no se me puede imputar la supuesta infracción de la Constitución que aducen los acusadores”, detalla Guevara en el documento. 

Además, se explica que, si bien el intendente “puede, conforme a sus atribuciones, solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, esto no implica que tenga facultades de mando al respecto, sin perjuicio
de lo cual debe llevar a cabo las tareas que sean necesarias, dentro de sus facultades, en orden a resguardar el orden público en el territorio de su jurisdicción”. 

La defensa, también, enumera la normativa que da cuenta de que las policías tienen autonomía operativa y logística. En todo caso, respaldan la labor realizada por la institución encabezada por el general Mario Rozas y  afirman que la estrategia aplicada por Carabineros “y dispuesta por sus jefaturas (en tanto se trata de una acción puramente operativa, por tanto, de determinada por la policía) debe ser entendida como un tipo de ‘copamiento’, que según la propia fuerza policial es un despliegue diferenciado de recursos policiales”.  

Agregan que “el planteamiento de los acusadores constituye una interpretación acomodaticia de la Constitución, con el único propósito de ampliar y relajar excesivamente la causal por la cual un intendente puede ser acusado constitucionalmente”. 

Asimismo, la defensa de Guevara sostiene que el contenido del libelo es inconsistente e incluso contradictorio en sí mismo, lo que afecta gravemente el debido proceso. Añaden, que la arremetida de los parlamentarios de oposición “no respeta el carácter excepcional, extraordinario, subsidiario o de última ratio” que debe tener una instancia como esta. 

Contestación

En el caso de que la cuestión previa no sea acogida por la mayoría de los diputados presentes en la Sala, los defensores solicitan que el fondo sea desechado, pues según ellos, el intendente ha actuado completamente conforme a la Constitución y “la legalidad vigente en cuento respetar y promover el legítimo de derecho de las personas a reunirse pacíficamente y sin armas, así como también velar por el respeto del orden público y la seguridad de las personas y bienes”.

“La Acusación no entrega antecedentes que permitan tener por acreditados los hechos en que se funda el Capítulo Único y tampoco permite distinguir las circunstancias en que ellos ocurrieron. […] Los acusadores se limitan a enunciar hechos que se encuentran actualmente siendo investigados, o cuyos antecedentes resultan completamente insuficientes para tenerlos por acreditados”, detallan en el texto.  

Siguiendo la misma lógica, hacen presente que la acusación no logra explicar en qué consistiría la infracción constitucional que se imputa a la máxima autoridad de la Región Metropolitana, ya que solo “reproduce determinados derechos garantizados por la Constitución”. Asimismo, recalcan que el libelo trata como infracción a la Constitución, principios de carácter legal, lo que es “inadmisible”. 

“El intendente ha adoptado todas las medidas que se encuentran dentro de la esfera de sus atribuciones para promover y proteger el derecho de reunión y libertad de expresión, en concordancia con la mantención del orden público y de la seguridad de las personas y bienes todo dentro del margen de la legalidad”, puntualiza la defensa.

La mirada de la oposición 

La comisión revisora de la Cámara de Diputados que analiza el libelo recibió la defensa del intendente Guevara la tarde del jueves. Desde ese momento, los diputados que la integran se han dedicado a estudiarla, comenta a PAUTA Alejandra Sepúlveda (FREVS), quien preside dicha instancia. 

A pesar de que la parlamentaria sostiene que quiere escuchar en la voz del propio intendente los argumentos, desde ya sostiene que le sorprenden ciertos aspectos que se indican en el texto. “Me llama la atención parte de lo que detalla su defensa, porque él habló de tolerancia cero a las movilizaciones. No solo hacia los grupos que hacen manifestaciones violentas. Entonces nos preocupa. Es tolerancia cero a ocupar lugares sobre los cuales no tienen autorización de decreto supremo 10.086”, aseveró. 

El “permiso”, de acuerdo con la visión de Sepúlveda, no podría ser solicitado, pues en una movilización con las características de las que ha incluido la crisis no hay “un líder” ni un único motivo. 

“Espero escuchar al intendente, quien tendrá toda la posibilidad de poder tener una buena defensa, y que él nos diga por qué no hay mérito para esta acusación. Hoy existen por lo menos cinco informes de derechos humanos que indican que ha habido violaciones permanentes. Y desde que comenzó la estrategia de “copamiento”, fue aún peor. ¿Cómo el Gobierno no ha aprendido?”, afirmó.

La jornada del lunes 20 la comisión que lidera la diputada, además, recibirá al general director de Carabineros, por lo que también esperan que él detalle en qué consistió la mencionada estrategia y cómo se fue diseñando.

Revisa acá la defensa completa del intendente: