Proyección récord: evasión podría haber superado el 50% a fines de 2019

Aunque las cifras oficiales aún no están listas, y no existe certeza sobre si serán válidas, exautoridades estiman que impagos podrían haber superado los niveles máximos de 2016.

Durante el cuarto trimestre de 2016 se produjo la cifra más alta de evasión que registre hasta ahora el transporte público santiaguino: una de cada tres personas que abordó una micro o el Metro no pagó su pasaje. Sin embargo, las condiciones excepcionales surgidas por el estallido social hacen prever a varios expertos que el cierre del año pasado podría encabezar un nuevo récord.

“Si las mediciones son correctas, sin lugar a duda este índice experimentará un alza considerable”, comentó a PAUTA la exministra de Transportes y actual directora de Derecho en la Universidad Central, Paola Tapia. “La evasión podría incluso duplicar los índices actuales; esto es, superar el 50% en algunos servicios”, agregó.

Asimismo, alguien que conoce de cerca el funcionamiento de RED y que durante cuatro años (entre 2014 y 2018) se desempeñó como director del Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, expuso a este medio que “los reportes que hacen algunos operadores señalan que hay más de un 50% de evasión. A mí no me extrañaría que fuese así en todo el sistema”.

Las cifras inciertas

Desde 2013, el Ministerio de Transportes (MTT) informa cuatro veces al año el Índice de evasión de pago de la tarifa en el Transantiago. El punto más alto de este, hasta ahora, se dio en el período octubre-diciembre de 2016, con 34,6%.

Actualmente el MTT se encuentra procesando los datos recabados, pero no existe certeza sobre cuándo se entregará la cifra oficial. Esto, porque la información recolectada luego del 18 de octubre presenta distorsiones, pudiendo no ser necesariamente representativa y, en consecuencia, no servir.

“Aún se está procesando la información de las mediciones para confirmar su validez estadística y según eso, se decidirá usarla oficialmente o no”, confirmaron desde el MTT.

A pesar de esto, Muñoz recalca la importancia que tiene esta información. “Son datos que hay que tener, aun cuando uno sabe que están, entre comillas, contaminados por un suceso que es grave y complejo, pero es bueno saber qué pasó en ese período”, dijo.

Esta “contaminación” radica en el hecho de que, a partir del estallido social, comenzó una época de operación anormal en el transporte público debido a las contingencias. El Metro no estaba funcionando con toda su capacidad y operaba hasta más temprano, hubo desvíos de ciertos servicios y otros que incluso debieron ser cancelados. Además, los inspectores no pudieron cumplir funciones de control durante ciertos días.

Las posibles medidas

Es un hecho que, de una u otra forma, se debe financiar el transporte público, y si un gran porcentaje de la población no paga la tarifa, según explica Guillermo Muñoz, se deben compensar estos ingresos incorporando un mayor subsidio para que el sistema se pueda seguir manteniendo.

Pero los recursos del Estado no son infinitos, por lo que estas inyecciones de capital surgen de recursos que se reasignan de otras áreas. “Se le quita a un ministerio para hacer funcionar a otro, así son, en general, las reglas de asignación pública. En este caso la ministra Gloria Hutt deberá señalar desde dónde vendrán esos recursos que se inyectarán al sistema”, comentó Muñoz.

En cuanto a un alza en las tarifas, tanto Guillermo Muñoz como Paola Tapia consideran que no es una opción a corto plazo. “Es impensado que el pasaje pueda subir, pero debemos conocer, y la opinión pública debe ser informada por parte de las autoridades, sobre los mecanismos de financiamiento y las fuentes de estos recursos”, dijo la exministra.

Además, sin considerar esta última posible alza que se augura en los índices de evasión para el cuarto trimestre 2019, ya a partir de marzo de 2018 se había comenzado a generar un alza paulatina en el no pago, que avanza a medida que transcurre el año. Muñoz adjudica este problema al hecho de que durante la gestión de la actual ministra no se ha puesto el foco en las campañas que buscan controlar la evasión, ni se han tomado medidas fuertes que podrían llevar a que este porcentaje disminuyera incluso cerca de 10 puntos, como ocurrió en 2017.