El legado del 27F: lo que sí funciona, lo que no sirve y lo que falta

Un sistema de monitoreo 24/7, normas de construcción más detalladas junto con mayor conciencia del riesgo de tsunamis son parte de las lecciones aprendidas, según los expertos. Pero aún pesa una cultura reactiva y no preventiva.

En la década transcurrida desde el terremoto y tsunami de febrero de 2010, Chile ha tenido que enfrentar nuevos desastres de origen natural en forma persistente. No se trata solo de nuevos sismos y tsunamis, sino también aluviones, erupciones volcánicas, incendios e incluso tornados y trombas marinas.

Hay avances respecto del Chile del 27F. Pero también algunas carencias que los especialistas han subrayado en forma reiterada.

Tsunami, el fenómeno “nuevo”

En lugares donde ha habido tsunamis opera la tradición oral: las personas saben que ante un terremoto tienen que buscar refugio y transmiten esa vivencia a sus familiares. El doctor en geofísica y director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, Cristián Farías, dice que eso ocurrió en el terremoto de 1960 en Puerto Saavedra: las fotografías muestran la gente arriba de los cerros viendo hacia la costa cuando llegan las olas.

El terremoto de 1960 ocurrió un Domingo por la tarde, y generó daños tremendos en los más de 10 minutos que duró. Gracias en parte a la tradición oral, las personas subieron rápidamente a un cerro cercano, donde estaba el cementerio. Desde allí vieron venir las olas. pic.twitter.com/KEmL5gVkxJ

— Cristian Farías (@cfariasvega) May 18, 2018

Pero cuando se genera movilidad entre regiones y personas del interior llegan a vivir a zonas costeras, por ejemplo, ese conocimiento se pierde. Ocurre lo mismo en el caso de cercanía a volcanes o zonas con riesgo de aluviones. Además, hay lugares poblados que antes no tuvieron habitantes. Por ejemplo, en 1730 hubo un tsunami en la Región de Valparaíso, pero en esa fecha no existía Viña del Mar o muchos balnearios del litoral central, que hoy tienen una alta densidad de población en los veranos.

Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenta que hasta 2010 teníamos muy instalada esta mirada de ser un país de sismos y apareció el tsunami como un nuevo fenómeno. “Ahí se notó un poco la distancia entre la memoria colectiva y la memoria geológica, porque en realidad Chile históricamente era un país de muchos tsunamis, pero como no habían sido recientes no habíamos sido educados bajo esta lógica”, afirma.

A su juicio, esto contribuyó a una nueva mirada: “La multiamenaza como parte de la planificación urbana, que significa que uno tiene que preocuparse de las distintas posibilidades de las diferentes amenazas que tienen los diversos territorios”.

Los simulacros de evacuación general (no solo en colegios y empresas, sino de toda la población) y la instalación de señalética sobre zonas seguras son grandes avances, pero falta crear más conciencia. “Hay relatos de gente que estaba Viña del Mar en diciembre de 2015 cuando fue el terremoto en Illapel y muy rápidamente las calles estaban bloqueadas de personas huyendo en sus autos. ¿Qué habría pasado si venía un tsunami? Es muy importante generar más conocimiento para que las personas actúen adecuadamente ante emergencias”, afirma.

Mejores normas de construcción

Hay coincidencia entre expertos locales y extranjeros en que la norma de construcción chilena funcionó bastante bien tras el megaterremoto de 2010. Incluso desde la óptica ciudadana, al comparar con sismos ocurridos en otros países, en Chile se derrumbaron pocas edificaciones si se considera el tamaño del terremoto, tanto en extensión territorial como en fuerza sísmica. La mayor parte se mantuvo en pie y eso es una fortaleza que se debe mantener.

“Después del terremoto hubo evidencia, que no se tenía antes, de cómo se movían los suelos y eso permitió actualizar su categorización. Eso ha sido avance gigantesco, porque permite estar más seguro de cuáles deben ser las normas de construcción más seguras y fue un insumo imprtante para los cambios en las normativas”, comenta Cristián Farías.

Desde 2010 el Ministerio de Vivienda lideró un proceso de análisis y actualización de la normativa legal, reglamentaria y técnica en materia de construcción, lo que se realizó con el aporte de distintos expertos. El conjunto de nuevas normativas referenciales estuvo listo en 2014 y abordaron mejoras a las regulaciones vigentes, pero también aspectos en los cuales la reglamentación no era explícita o simplemente no existía. Entre ellas, diseño estructural de ascensores y montacargas, construcciones de tierra y edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami.

Monitoreo y conocimiento científico

Cristián Farías destaca que el terremoto y tsunami de 2010 ha sido uno de los eventos naturales mejor monitoreados en el mundo, “dando lecciones de cómo se va rompiendo la Tierra aportando así al avance del conocimiento científico”.

Un ejemplo: ese terremoto generó pequeños cambios en los volcanes; algunos se hundieron 50 centímetros y luego se levantaron. Incluso ocurrió que las famosas cascadas del parque Radal Siete Tazas se secaron. “Esto ocurrió porque los fluidos al interior de la Tierra respondieron al terremoto y se quedaron en ciertos lados que después se tomaron sus espacios. Eso puede ser anecdótico, pero los volcanes se alimentan de fluidos y tuvieron distintas reacciones después del terremoto: algunos hicieron erupción meses o años después, algo que podría haberse acelerado si estaba preparándose a una erupción”, sostiene el experto.

Agrega que en torno a Illapel, donde estaba incubándose un sismo, “zona que ya estaba tensionada, se deformó más con el terremoto de 2010 y eso desencadenó en 2015 un terremoto que ya se veía armando”. Tuvo magnitud Richter de 8,4 Mw (el tercero de mayor magnitud en Chile desde 1960) y generó un tsunami.

¿Cómo se supo esto? Gracias a la instalación de una red de instrumentos de posición satelital, que ayuda a identificar los desplazamientos en las placas tectónicas e incluso a mejorar la precisión de las alertas de tsunami. Esto se suma a mejoras en la red de monitoreo sísmico, tanto en institucionalidad, equipos, red de comunicaciones y personal especializado. Hoy este monitoreo es 24/7; en 2010 el sistema instalado en la Universidad de Chile era más bien académico y los sismos solo se monitoreaban en horario de oficina.

Manual para la reconstrucción

Roberto Moris apunta a que formalmente los planes de reconstrucción surgieron a partir de la experiencia del terremoto y tsunami del Maule y la necesidad de recuperación. “En 2010, por primera vez se pone un marco en cada una de las ciudades afectadas y se dice ‘este es el diagnóstico y esta es la visión de desarrollo y acciones a futuro’. Eso ayuda a ordenar lo que se debe hacer”, precisa.

Además de la actuación de los organismos estatales vinculados con la emergencia (habitualmente Interior, MOP, Minvu, Minsal y MTT y sus símiles locales), se ha ido sumando la respuesta estatal para diferentes segmentos de la población afectados. Hay dos ejemplos. Uno es el ‘kit lúdico’ para niños en situaciones de emergencia y desastre del programa Chile Crece Contigo; el segundo son los programas para apoyar a pymes y emprendedores en materia tributaria y de financimiento para que recuperen sus negocios, cuyo modelo ha sido usado incluso tras los saqueos y destrucción ocurridos en el estallido social.

Para el experto de la UC, es necesario pensar las ciudades y comunidades de forma más integral, de modo que tras los desastres de origen natural el foco no sea solo la reconstrucción de infraestructuras, ya que también debe haber preocupación por las economías afectadas y el impacto emocional y social en las comunidades. “El problema es que no hay ningún instrumento legal que diga cómo debe ser un plan de reconstrucción, cada lugar ve cómo se las arregla ante el desastre”, critica. 

Pero no estamos mejor preparados

A pesar de los avances, a juicio de Roberto Moris no es tiempo de cantar victoria: “La mirada optimista de lo que hemos hecho aumenta nuestra vulnerabilidad. Tenemos que darnos cuenta de que desde el 2010 a hoy día tenemos casi la misma institucionalidad, casi el mismo marco legal, casi los mismos instrumentos. Hemos gastado un montón de plata y no tenemos ciudades mejores preparadas”.

Añade que a pesar de que Chile es un país de muchos riesgos y amenazas, la preocupación parece concentrarse solamente de la emergencia, en la reacción ante desastres y en la recuperación temprana. “Pero se nos olvida de nuevo cómo tenemos que prepararnos en el largo plazo”, advierte.

A su juicio, la institucionalidad sigue bastante débil. “No se han puesto recursos para transformar la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) en una agencia de gestión de riesgos y para tener una estructura que obligue a los ministerios a trabajar juntos. En materia de gestión institucional, hace falta fortalecer la coordinación basándose en la preparación”, cuestiona.

Cristián Farías destaca el nuevo Instituto para la Resiliencia ante Desastres de Origen Natural (Itrend), un ente público impulsado por Corfo, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Innovación, tiene la gigantesca misión de promover el cambio desde una cultura de reacción a una de prevención, articulando a los actores públicos y privados. “Ahora tenemos este espacio donde científicos y profesionales de distintos sectores podemos trabajar en conjunto distintos aspectos de la resiliencia, incluyendo cómo preparar a la comunidad para enfrentar terremotos y otras emergencias”, comenta.

Pero añade que, hasta ahora, los avances logrados desde 2010 no se reflejan en la toma de decisiones sobre la planificación territorial, la “madre de todas las batallas” en materia de prevención.

“Si bien cada municipio tiene su plan de desarrollo, al final el mercado manda respecto de cómo se construyen las ciudades. No hay fiscalización ni cuerpo legal que obligue a tomar en cuenta los niveles de riesgo. Es el caso de los hoteles en las rocas o los conjuntos habitacionales en la primera línea de la costa”, puntualiza.