Buscan convertirlo en ley: ingresan proyecto para darle respaldo legal al “criterio Valencia”
La iniciativa es impulsada por los senadores Rincón, Walker, Sanhueza y Araya, y busca unificar el criterio para las prisiones preventivas de extranjeros que no presenten documentos de identidad en el marco de la comisión de delitos.
A casi una semana del anuncio del fiscal nacional, Ángel Valencia, el llamado “criterio Valencia” sigue levantando reacciones. La disposición anunciada por el Ministerio Público indica que los fiscales del país solicitarán prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos en el marco de la comisión de un delito.
“Todos los extranjeros que no cuenten con documento que permita acreditar su identidad, se solicitará su prisión preventiva, hasta que se establezca cuál es su identidad efectiva”, afirmó el fiscal Valencia. Esta semana, la autoridad extendió la disposición a todo el territorio nacional para los extranjeros detenidos que no tengan RUT.
Esta jornada, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aclaró que la disposición del Ministerio Público “no es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno” e hizo hincapié en que el Poder Judicial actuará “caso a caso”.
Buscan convertirlo en ley: anuncian proyecto para darle respaldo legal al “criterio Valencia”
En ese contexto, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (Demócratas), además de Gustavo Sanhueza (UDI) y Pedro Araya (Ind), anunciaron la presentación de un proyecto de ley para dar respaldo legal a esta disposición de la Fiscalía.
En conversación con Radio Pauta, Sanhueza explicó que “queremos que los fiscales y la justicia cuenten con las facultades para detener a aquellos indocumentados que cometan delitos mientras se verifica su identidad. Invitamos al Gobierno a tramitarlo con urgencia, y a los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista a dejar la ideología de lado y legislar para proteger a los chilenos y no a los delincuentes”.
El proyecto de ley busca modificar el artículo 140 del código procesal penal, estableciendo que la condición migratoria irregular como un indicio calificado de peligro de fuga. De esta manera se intenta unificar el criterio entre fiscalía y poder judicial a este respecto.
Sobre esto, el fiscal nacional comentó que “si los parlamentarios estiman plasmas expresamente este criterio en la ley, eso va a favorecer la discusión que nosotros planteemos en tribunales“. Eso sí, Valencia advirtió que igualmente “la discusión nunca va a cejar. Los jueces van a aplicar la ley en el ámbito de sus atribuciones. Nosotros vamos a velar por una interpretación que propenda a proteger a la comunidad y al cumplimiento del proceso”.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que “no podemos arriesgarnos a que algún líder de una banda de crimen organizado sea puesto en libertad simplemente porque no fue posible acreditar su identidad. Este es el tipo de medida que no requieren ley. Bien si viene la ley, pero basta con la voluntad política de todos los actores“.