Crece el cierre de residencias de organismos colaboradores con el Servicio de Mejor Niñez

En la crónica diaria, de Radio Pauta, analizamos el complejo escenario que atraviesan los Organismos Colaboradores Acreditados con el Estado, por falta de oferta de residencias y de programas especializados por parte del sistema de protección de menores.

Un complejo escenario atraviesan hoy en día los Organismos Colaboradores Acreditados (OCA) con el Estado, por falta de oferta de residencias y de programas especializados por parte del sistema de protección de menores. Esto ha llevado a que instituciones como Pequeño Cottolengo anuncie el fin del convenio con el Servicio Mejor Niñez (ex Sename), o que Ciudad del Niño cierre dos centros.

Son cerca del 30% de los cupos privados que han cerrado en los últimos cuatro años, lamenta Cristián Glenz, director de Pequeño Cottolengo, y representan cerca del 95% de la oferta residencial de infancia del país. En diálogo con Radio Pauta explicó que “esto es una bola de nieve que se hará cada vez más grande. Uno de los problemas es la falta de oferta, el sobrecupo, y hay un artículo, 80 bis, que te obliga a recibir a los niños o jóvenes. Nosotros teníamos un 80 bis cada año y medio, pero ahora se hacen cada vez más frecuentes”.

Si hay una orden judicial del artículo 80 bis, las residencias no se pueden negar a recibir a los NNA con perfil complejo. Y esto, explica Glenz, los llevó a terminar el convenio “porque no es lo mismo atender a un infractor de ley, con uno con discapacidad, a uno con un problema de salud mental grave, porque además vulneras a los que además están ahí. Mi misión número uno es hacernos cargo de los que tenemos”.

Crece el cierre de residencias de organismos colaboradores con el Servicio de Mejor Niñez

Gabriela Muñoz, directora Nacional de Mejor Niñez, asegura que “están diseñando un plan de abordaje de crisis y tenemos medidas urgentes como mejorar la respuesta de salud, por ejemplo, como apoyo especializado en las residencias para situaciones más críticas”. Agregó a Radio Pauta que “se activan proyectos de emergencia para situaciones particulares de niños, y hemos hecho la inversión de recursos para ello”. Sin embargo, el año pasado Senda comprometió la apertura de siete programas de tratamientos nuevos, que todavía no se abren.

Respecto a la posibilidad de evaluar el artículo 80 bis, Muñoz sostiene que “el problema de fondo no es la medida, el problema es que tenemos menos oferta que demanda, especialmente en la RM y en la zona norte, ahí estamos abriendo nuevas residencias, lo que debería ocurrir entre octubre y diciembre…Es un cambio de ley y podemos hacerlo, pero falta oferta y necesitamos más recursos”.

Lisette Allende, gerente general de la Fundación María de la Luz, con residencias en San Felipe, Pucón y Lo Barnechea, dijo a Radio Pauta que “en estos 10 años nunca vi este nivel de crisis, especialmente este último año hemos recibido casos extremadamente complejos, niños desde 8 años hacia arriba, con descompensación de salud mental, problemas con la justicia, y son ingresados a las residencias y nosotros sin especialistas, y tenemos que hacernos cargo”. Agregó que “el Estado hoy no tienen instituciones especializadas que den respuesta a estos casos, con Salud y Educación”. Esto, los lleva a evaluar el cierre del centro de San Felipe.

Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, sostiene que “el modelo de familias de acogida, que podría ser una alternativa, tampoco tiene las herramientas vigorosas necesarias para poder enfrentar perfiles de mayor riesgo. Se tiene que apoyar una reformulación del modelo que permita también acoger estas situaciones límite y cada vez más compleja, pero requiere fortalecer el modelo con capacidades, con programas basados en la evidencia, con profesionalización”.

Respecto la decisión de estos organismos colaboradores de cerrar, Gabriela Muñoz sostuvo que “siempre es difícil porque son instituciones que llevan años trabajando en esta materia, pero lo vamos a tratar de revertir, conversar con ellos y asumir algún compromiso”. Agregó que “tenemos la preocupación y la alerta de que es posible que esto crezca, y formalmente deberíamos tener 9 residencias que, o tomamos nosotros la decisión (de cerrar) o la han tomado los organismos colaboradores”.  

Desde Pequeño Cottolengo responden que “mientras no cambie el 80 bis, no vamos a recibir a nadie más. Nos hacemos cargo de quienes ya tenemos, pero no recibiremos a nadie más de esa forma tan violenta”.

Yuri Contreras, dirigente nacional de ANTRAP, Asociación Nacional de Trabajadores de Protección, sostiene a Radio Pauta que “lo que está haciendo crisis es el diseño de la política pública, pero lo que pasa es que el negocio ya no existe. Es muy caro el sistema de residencia para los colaboradores”. 

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