Ministro Cordero y polémica por juez Urrutia: “Creemos que la decisión es ilegal”
El titular de Justicia, Luis Cordero, aclaró que “no está en discusión el derecho de las personas a recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asiste a un establecimiento penitenciario, entre otras, el enrolamiento”.
Este lunes, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo una reunión con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Este encuentro se llevó a cabo en un contexto marcado por la polémica que involucra al juez Urrutia, quien ha sido objeto de críticas debido a su decisión de permitir videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad a individuos privados de libertad vinculados al Tren de Aragua.
El secretario de Estado mencionó que “nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal, las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de gendarmería”.
“La discusión sobre la decisión del juez Urrutia está sometida a conocimiento de un recurso interpuesto por gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ejecutivo ha sido claro en este punto, la decisión de Urrutia en nuestra opinión infringe las normas que regulan el derecho penitenciario y particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad”.
Además, agregó que “el Ejecutivo ha sido muy enfático, las regulaciones de establecimientos de estas características, la característica de las personas que están privadas de libertad ahí, y la condición procesal en la que se encuentran, exige que las comunicaciones telemáticas estén completamente restringidas”.
Cordero por caso Juez Urrutia: “Creemos que la decisión es ilegal”
Asimismo, sostuvo que al “Ejecutivo no le corresponde que le presente ni al presidente de la Suprema ni a ningún ministro de la Suprema, una cuestión que el Ejecutivo tiene una convicción jurídica, la ilegalidad, y que está discutiendo a través de gendarmería en la corte de apelaciones de Santiago”.
En la misma línea, Cordero fue enfático y aclaró que “no está en discusión el derecho de las personas a recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asiste a un establecimiento penitenciario, entre otras, el enrolamiento”.
La discusión de este caso en particular tiene que ver con la posibilidad de que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas ese encuentran fuera del país. La opinión de gendarmería y del Gobierno, es que eso compromete la seguridad del establecimiento.
El ministro de Justicia, explicó que la mayoría de las personas que están imputadas, “corresponde a gente con una investigación de delitos muy graves, vinculadas a crimen organizado y Tren de Aragua”.
Recordó que según la regulación vigente, “respecto de las comunicaciones de personas que están vinculadas a delitos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, la legislación establece la obligación de gendarmería de tener especial vigilancia respecto de sus comunicaciones”.