Patricia Muñoz y el rol de la Fiscalía: “Ningún fiscal puede pinchar teléfonos sin autorización de un juez”
En Radio Pauta, La exfiscal y exdefensora de la Niñez advirtió que es legítimo cuestionar a las instituciones, pero no corresponde que el Gobierno exija explicaciones judiciales al Ministerio Público por decisiones propias del proceso penal.
En medio del creciente debate por las interceptaciones telefónicas en casos como el de Fundación Procultura, se han intensificado las críticas desde el mundo político hacia el Ministerio Público.
Parlamentarios oficialistas e incluso autoridades del Ejecutivo han solicitado explicaciones por la interceptación al exjefe de asesores del Presidente y por el intento de acceso al teléfono del propio mandatario.
Patricia Muñoz y el rol de la Fiscalía: “Ningún fiscal puede pinchar teléfonos sin autorización de un juez”
En Primera Pauta de Radio Pauta, la abogada y exfiscal Patricia Muñoz abordó los alcances jurídicos y políticos del debate tras la polémica por la interceptación telefónica a Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.
“Cualquier institución pública está sometida al escrutinio de la sociedad y de las autoridades, pero otra cosa es que se inmiscuya fuera del ámbito de la legalidad en decisiones que son privativas de una institución“, afirmó.
Los límites de la interceptación telefónica
Muñoz explicó que la Fiscalía no puede interceptar comunicaciones por sí sola. “Ningún fiscal del país puede pinchar o interceptar el teléfono de ninguna persona sin autorización de un juez”, aclaró.
Añadió que esa autorización solo se concede si hay antecedentes que indiquen fundadas sospechas de participación en un delito y que dicha interceptación sea imprescindible para la investigación.
Además, enfatizó que este procedimiento está regulado por plazos estrictos. “La ley autoriza 60 días, prorrogables si el fiscal acredita nuevamente los requisitos legales”.
El problema de las filtraciones
La exdefensora de la Niñez también apuntó al manejo de información reservada. “Hay una norma específica que obliga al Ministerio Público a conservar bajo sello y custodia las grabaciones. Es evidente que la Fiscalía debe dar respuestas sobre por qué no ha sido capaz de custodiar adecuadamente esa información”, indicó.
A su juicio, resulta preocupante que, pese a las filtraciones en causas como el caso Hermosilla, caso Monsalve o Procultura, “la Fiscalía no ha formalizado a nadie por violación de secreto“.
Críticas desde el oficialismo y rol del Fiscal Nacional
Consultada sobre las declaraciones del Frente Amplio y del socialista Camilo Escalona, quienes advirtieron que la Fiscalía se extralimita, Muñoz señaló que “rige el principio de igualdad ante la ley. Cualquiera puede ser objeto de una investigación si se cumplen los requisitos legales”.
Y añadió que “la pertinencia de las solicitudes es evaluable, pero sí parece necesario que el fiscal Valencia pueda explicar si existió o no la petición de interceptar al Presidente. Eso también es parte del control interno que le corresponde como superior jerárquico”.
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