Caso Procultura: ¿En qué va y cómo influyen los nuevos antecedentes?

El caso Procultura, una de las aristas más sensibles del Caso Convenios, involucra presunto fraude al fisco por más de $6.000 millones, interceptaciones telefónicas a autoridades de alto nivel y vínculos políticos que alcanzan al entorno del Presidente Gabriel Boric.

El caso Procultura es una arista del denominado caso Convenios, que se hizo pública el 16 de junio del 2023, a raíz de que 50 fundaciones -que habían firmado convenios y recibido transferencias de dinero desde distintas reparticiones públicas- fueron investigadas cuando estalló el escándalo Democracia Viva, lo que tiene desaforada a la diputada frenteamplista Catalina Pérez.

¿Qué es Procultura?

Procultura, tal como ellos mismos declaran, “es una fundación sin fines de lucro, que a través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generan oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas para que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social”.

Procultura fue creada en el año 2009 por el siquiatra Alberto Larraín, cercano a figuras del Frente Amplio, y a quien se le ha sindicado como cercano al Presidente Gabriel Boric, pese a que el propio Larraín afirmó al diario La Segunda, en julio del 2023, que no era parte del círculo cercano del presidente.

¿Qué relación hay entre Procultura y los “pinchazos teléfonicos” a distintas autoridades?

De acuerdo a la investigación dada a conocer por Ciper, 42 teléfonos de distintas autoridades fueron interceptados a propósito de la investigación en contra de Procultura.

Entre ellas, se encuentra el teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, quien se desempeñó como subdere entre marzo y septiembre del 2022. De acuerdo a información divulgada por La Tercera, el teléfono de Crispi estuvo “pinchado” por cuatro meses, a contar de noviembre del 2024.

Los argumentos que esgrimió el Ministerio Público para la interceptación telefónica, apuntaban al rol que tuvo el abogado mientras fue subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo (Subdere) y en su posterior cargo como el principal asesor presidencial. Lo anterior trajo consecuencias en otro caso complejo para el Gobierno, como lo fue la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Una conversación del Presidente Gabriel Boric también fue interceptada en los “pinchazos” de la PDI. Se trata de una llamada con la psiquiatra Josefina Huneeus, catalogada por Ciper como amiga del Mandatario y exesposa de Alberto Larraín, creador de la fundación.

¿Quién es Alberto Larraín?

Larraín es un siquiatra de 43 años, hijo de Alberto Larraín Lohmayer, quien fue prisionero político y torturado en dictadura, tal como lo acreditó la comisión Valech.

Estudió en el San Ignacio de Alonso de Ovalle y fue novicio de los jesuitas. Posteriormente, ingresó a  medicina en la Universidad de Chile y debido a una experiencia personal, eligió la siquiatría como especialidad. Además es magíster en Bioética y tiene estudios de doctorado en Salud Pública.

Trabajó en la municipalidad de Peñalolén como director del consultorio de Salud Mental de la comuna. Ahí conoció al actual gobernador Claudio Orrego, que en ese entonces era el alcalde de Peñalolén.

En el 2011 empezó a militar en la Democracia Cristiana y participó de la campaña de Claudio Orrego cuando compitió junto a Michelle Bachelet y Andrés Velasco en las primarias de la Nueva Mayoría. Además, se le reconoce su trabajo en el triunfo obtenido en el 2016 por el alcalde de Renca, Claudio Castro, en ese entonces DC.

En el 2018 dejó de militar en la Democracia Cristiana y empezaron sus acercamientos con el actual Frente Amplio, a través del trabajo como diputado del Presidente Gabriel Boric.

¿Por qué es investigada la fundación Procultura?

La fundación es indagada por la Fiscalía por un posible fraude al fisco por cerca de 6.000 millones de pesos, sostenidos en convenios con distintos Gobiernos Regionales.

La investigación está a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de que el suspendido fiscal Carlos Palma, dejara la indagatoria por los chat sostenidos con Luis Hermosilla y con Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

¿Cuáles son los convenios cuestionados y los montos involucrados en el escándalo Procultura?

Los miles de millones de pesos bajo la lupa de la Fiscalía involucran distintos tratos, suscritos con los Gobiernos Regionales en siete regiones del país.

Entre algunos de los convenios cuestionados, está el sostenido con el Gobierno Regional de Aysén por 1.600 millones de pesos cuando Andrea Macías (PS) estaba a cargo. Según ha declarado, los recursos no alcanzaron a ser traspasados a Procultura.

Existe otro convenio cuestionado que fue firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta. El proyecto por 630 millones de pesos apuntaba a la recuperación del casco histórico de la ciudad, particularmente a la limpieza y pintura de tres fachadas de edificios, que sumaban 2.400 metros cuadrados, generando un precio por metro cuadrado de $262 mil, considerado por sobre el valor de mercado.

Además, hubo una polémica causada por la petición que hizo la fundación el 19 de julio del 2023, para aplazar la fecha de entrega, inicialmente agendada para el 30 de septiembre.

Uno de los mayores problemas ha sido el convenio firmado con el Gobierno Regional Metropolitano. El 8 de junio del 2022, el Consejo Regional Metropolitano (CORE) aprobó el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional. El 29 de ese mismo mes, se autorizó la entrega de más de 1.683 millones de pesos a su fundación, para un programa de prevención de suicidios.

¿Cuáles son los plazos en la investigación?

El secreto de la investigación se venció el pasado 7 de abril, y según consignó La Tercera, en las próximas semanas el Ministerio Público va a solicitar formalmente fecha para la audiencia donde se conocerá la manera en que Procultura ejecutó los millonarios fondos que recibió.