Junji, Fundación Integra y Arica: lo que han dicho las instituciones investigadas por mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares

Las entidades de los funcionarios involucrados han condenado la información que expuso la Contraloría y señalaron que buscarán investigar para dar con los responsables.

Polémica ha generado el informe publicado esta semana por la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. Debido a esta situación, -que ha generado un gran repudio-, este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia decidió abrir una investigación de oficio para detectar posibles irregularidades que pudiesen haber afectado los recursos públicos.

El documento entregó información sobre las instituciones que concentraron la mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares. En ese contexto, se informó que 13 servicios públicos acumulan el 25% del total de 35.585 permisos emitidos. Encabeza la lista la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, seguida por la Fundación Integra con 1.934, y en tercer lugar la Municipalidad de Arica, con 719 licencias registradas.

¿Qué dijeron las autoridades?

Desde las tres entidades que lideran la lista se manifestaron al respecto y criticaron lo que expuso la Contraloría.

La Subsecretaría de Educación Parvularia que lidera a la Junji y a la Fundación Integra, emitió un comunicado condenando “todo tipo de abuso en materia de licencias médicas, pues eso vulnera la fe pública y afecta a un sistema de seguridad social del que somos parte todas y todos”.

Agregó que “desde la Educación Parvularia Pública, y en coordinación con Junji e Integra, desde 2024 se viene abordando un plan de trabajo para avanzar en mejorar los indicadores asociados a este tipo de irregularidades, generando alianzas con otras instituciones, y prestando toda la colaboración a las instancias que corresponden”.

La Subsecretaría también plantea que “es importante señalar que tanto Junji como Integra se encuentran comprometidas con hacer cumplir la ley y, de acuerdo con la institucionalidad y normativa vigente, perseguir las responsabilidades de quienes se vean involucrados en estos casos”.

Asimismo indicaron aunque “las instituciones no tienen competencia para establecer, por sí mismas, si los funcionarios efectivamente viajaron al extranjero durante sus respectivos períodos de reposo médico, ambas se encuentran firmemente comprometidas con avanzar en mejorar los indicadores asociados a este tipo de irregularidades, prestando toda la colaboración a las instancias que corresponden, así como también reforzando y modernizando los sistemas de entrega de licencias médicas para un control más eficiente”.

En ese contexto, desde la Subsecretaría establecieron que Junji puso en marcha una estrategia para implementar de manera integral la tramitación de Licencias Médicas Electrónicas. “De esta manera, además de agilizar los trámites y simplificar el proceso de licencias médicas, se logró contar con el análisis y la información de los profesionales que frecuentemente emiten licencias médicas, permitiendo alertar y poner en conocimiento a la COMPIN y entidades fiscalizadoras de cualquier irregularidad”.

En tanto, aseveraron que Fundación Integra “está avanzando en la implementación de un convenio con COMPIN que permita a la institución contar con este tipo de información abordando casos de licencias irregulares, salidas del país durante el período de recuperación y/o identificando a prestadores de licencias fraudulentas”.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo condenó la situación expuesta por la Contraloría, y enfatizó en la importancia que tiene una licencia médica señalando que “es un instrumento muy necesario que hay que cuidar”.

En ese sentido, afirmó que “no se puede perder la fe pública en ese instrumento que garantiza un derecho tan relevante como el derecho a enfermarse de las personas. Por eso es que el mal uso es tan delicado, es tan complejo y requiere el esfuerzo más enérgico de la institucionalidad para combatirlo”.

Asimismo, Cataldo dijo que desde la cartera que lidera y en el caso de la institucionalidad de la educación parvularia, “ya se estaba trabajando previamente a partir de datos que se habían ido construyendo por el propio Ministerio, pero en este caso a través de JUNJI y de Integra. Es más, en estos casos ya se había estado trabajando con Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), se han identificado casos de potenciales licencias fraudulentas desde el año pasado”.

Añadió que “no estábamos esperando el informe para actuar. (…) Creemos que es muy importante actuar con diligencia, pero también con responsabilidad. Por eso es que es importante llevar adelante este trabajo con las demás instituciones, un trabajo que es intersectorial, necesitamos tener más información de parte de la institucionalidad, en este caso que atiende los temas de licencias médicas, la Compin”.

Por su parte, Orlando Vargas, alcalde de Arica manifestó que “la situación que revela la Contraloría nos ha causado profunda preocupación y vergüenza“.

Agregó que “recibimos un municipio con graves falencias heredadas de la administración anterior, incluyendo un número alarmante de 719 funcionarios involucrados en posibles licencias médicas irregulares. Esta cifra corresponde a hechos ocurridos entre 2021 y 2024 y refleja una falta de fiscalización sistemática y prácticas administrativas poco éticas que hoy estamos enfrentando con transparencia y firmeza”.

El jefe comunal también indicó que actualmente se encuentra a la “espera de que la Contraloría nos entregue la nómina completa de los involucrados para poder iniciar los sumarios administrativos correspondientes”, sin embargo, estableció que han “recibido antecedentes preliminares de que muchas de las personas con licencias habrían viajado a destinos como Tacna, Arequipa o Bolivia, lo que evidentemente no se condice con un reposo médico efectivo”.

Por último, Vargas afirmó que están “evaluando acciones judiciales contra quienes resulten responsables, incluyendo al exalcalde, de comprobarse participación en irregularidades graves. Ya se ha solicitado una auditoría externa para revisar toda la gestión 2016-2024, y no descartamos presentar una querella formal, especialmente considerando los múltiples juicios y deudas millonarias heredadas, que afectan directamente el patrimonio municipal”.

Cabe mencionar que ante esta situación, el Gobierno anunció la apertura de sumarios en ministerios y servicios, además de remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Paralelamente, diputados de Renovación Nacional presentaron una denuncia formal por fraude de subvenciones ante la Fiscalía Nacional, mientras que la diputada Camila Musante (IND–PPD) ingresó otra denuncia en el Ministerio Público por posibles delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, uso malicioso de instrumento público y fraude a subvenciones.