Convenio pudo destapar el escándalo de las licencias médicas en 2014: por qué no se hizo efectivo en esa fecha
El 30 de mayo de 2014, PDI y Suseso firmaron un acuerdo para prevenir fraudes vinculados a licencias médicas. Aunque contaban con las herramientas necesarias, la fiscalización nunca se concretó y todo quedó en el papel.
Nueve días han pasado desde que la Contraloría General de la República (CGR) destapó un escándalo que ha remecido al país: más de 25 mil funcionarios públicos salieron de Chile mientras estaban con licencia médica. Esto ha provocado renuncias, condenas transversales y una ola de críticas desde la opinión pública y de todos los sectores políticos. Sin embargo, poco se ha hablado de que el Estado contaba desde hace más de una década con un convenio diseñado específicamente para evitar este tipo de fraudes. No obstante, nunca se hizo efectivo.
Y es que hace más de diez años existían sospechas de que se estaban cometiendo irregularidades en esta materia e incluso se pretendían investigar. Sin embargo dichas acciones -que buscaban prevenir que se desencadenara un escándalo como el que destapó la Contraloría- nunca llegaron a concretarse.
El convenio que quedó en el papel
El 30 de mayo de 2014, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) —organismo autónomo del Estado, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social— y la Policía de Investigaciones suscribieron un convenio de colaboración mediante una resolución exenta con el fin de comprobar que una persona que haya recibido una licencia médica, estuviera respetando las condiciones establecidas por la normativa: permanecer en el domicilio durante el periodo, si es que el diagnóstico no tenga relación con uno psiquiátrico.
Todo esto se buscaba realizar por medio de un cruce de datos provenientes de ambos organismos. “Considerando que se pueden extraer datos asociados a la fecha de reposo de los trabajadores desde el Registro Nacional de Licencias Médicas (administrado por la Suseso), surge la posibilidad de cruzar dicha información con aquella que forma parte del Registro Migratorio que maneja la PDI, con el fin de identificar a aquellos trabajadores que, teniendo una licencia médica aprobada, durante el transcurso del reposo (sin ser licencia psiquiátrica), se hayan ausentado del país”, señala el documento de hace más de una década.
“Análoga situación se presenta con los profesionales emisores de licencias médicas, respecto de instrumentos extendidos durante su ausencia en el país”, agrega el documento que fue presentado por la entonces superintendenta María José Zaldívar.
El documento -que cuenta con timbres y firma de la PDI del 23 y 25 de junio de 2014- es explícito. “La PDI informará a la Superintendencia de Seguridad Social, a partir de una nómina de RUT remitida por ésta, aquellos que dentro de un período de tiempo determinado, se hayan ausentado del país“, indica.
Es más, establece que “en el evento de existir antecedentes que puedan ser constitutivos de delito, la Superintendencia deberá remitir los mismos al Ministerio Público sin más trámite”.
Sobre el incumplimiento del convenio, el texto del 2014 es categórico. “En caso que la Suseso o la PDI incumplan alguna de las obligaciones establecidas en el presente convenio, o si algún funcionario o dependiente de las mencionadas entidades hiciere uso irregular de la información proporcionada, se deberá notificar de este hecho al Jefe del Servicio correspondiente, quién deberá adoptar inmediatamente las medidas correctivas que correspondan”.
Cuatro años después, el convenio se renueva
Más de una década, tres Gobiernos, seis superintendentes de Seguridad Social han pasado desde que se suscribió el convenio para fortalecer la fiscalización del uso de licencias médicas y que no dio resultados.
Además, este último fue renovado en enero de 2018 pero aquella vez tenía más herramientas. Según la resolución exenta, la Suseso tenía la facultad para acceder a “la plataforma de datos denominada ‘Sistema de Identidad Biométrica’ de la institución (PDI), lo que le permitirá cumplir mejor sus funciones”.
De esta forma, los datos a los que puede tener acceso la Suseso son: “RUN; nombre; apellidos; nacionalidad; fecha de nacimiento; número identificatorio; fotografía; huellas dactilares; otros antecedentes biométricos que permitan su identificación”, según el documento.
No obstante, el convenio nunca se tradujo en acciones concretas de fiscalización.
¿Por qué el convenio no se hizo efectivo?
Este medio intentó consultarle sobre esta situación a la actual superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, pero desde la repartició indicaron que por el momento no se referirán al tema. Sin embargo, el 23 de mayo de 2025 la autoridad conversó con Radio ADN y reconoció que “nunca se ha podido hacer efectivo” el convenio, pese a que afirmó que sí se han realizado intentos de cruzar la información con la PDI.
“Desde hace un buen tiempo —desde 2014 y después reforzado en el 2018, y de gestiones— estuvimos tratando de tener acceso a los datos de la PDI. Como superintendencia no conocemos las entradas y salidas del país, pero tenemos un convenio que nunca se ha podido hacer efectivo, y esperamos que esta sea una oportunidad para que la PDI pueda entregar la información”, admitió.
“Esto no se trata de que la PDI pueda entregar la información a los actores, no se trata de que te mande una nómina, te mande un email, porque eso es sumamente ineficiente. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es desarrollar sistemas de interoperabilidad de datos, que hayan consultas masivas en líneas transaccionales, que permita (…) hacer un chequeo permanente de este tipo de cosas. Creo que es necesario y que va a ayudar a cuidar el sistema que hoy día se ve puesto en duda y vulnerado”, concluyó.
Radio Pauta también consultó a la PDI para obtener una explicación, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Sin embargo, distintas fuentes de la administración pública señalaron a este medio que el convenio no se concretó para evitar conflictos con las asociaciones de funcionarios.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en 2021, -según consignó La Tercera– durante la gestión de Soledad Ramírez al frente de la superintendencia, se recurrió a dicho convenio, aunque con un propósito distinto: identificar a médicos vinculados a prácticas irregulares, lo que permitió detectar y cerrar centros médicos que operaban como fachadas.
Pese a ello, lo cierto es que la falta de explicaciones por parte de las instituciones involucradas sigue dejando preguntas en el aire.