Contraloría detecta irregularidades por gasto electoral de Orrego y otros gobernadores regionales

Los otro gobiernos regionales involucrados son: Tarapacá, Antofagasta Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Desde el Gore de la RM emitieron un comunicado descartando irregularidades.

La Contraloría General de la República (CGR) continúa detectado irregularidades en la administración pública. Durante la tarde de este miércoles, el órgano fiscalizador informó que constató múltiples irregularidades en los Gobiernos Regionales (Gores) de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Estas fueron identificadas luego de que la entidad dirigida por Dorothy Pérez, realizara auditorías a los gastos y transferencias otorgadas por esos Gobiernos Regionales entre enero y septiembre de 2024.

Según detalla el organismo, “entre los objetivos específicos de las investigaciones, se analizaron las transferencias efectuadas por cada Gore al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas”.

Asimismo, especifica el comunicado, “el órgano fiscalizador verificó que cada Gobierno regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral”.

Gobierno Regional Metropolitano

En el caso del Gobierno Regional Metropolitano, la Contraloría verificó que durante 2024 dicha entidad pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

Sin embargo, al revisar este contrato se constató que las sesiones realizadas no correspondían al coaching descrito en las actividades contratadas, sino que aludían explícitamente a temáticas, riesgos y acciones vinculadas con la contingencia política y a la campaña electoral del gobernador regional quien buscaba su reelección: Claudio Orrego. 

Ante los antecedentes expuestos, la Contraloría informó que iniciará “un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes”.

Además, el texto precisa que “se evidenció la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo, por un total de $51.753.665, en las cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma”.

Asimismo, se advirtió la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, por un total de $46.154.150, del cual la entidad no aportó antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones por contrato.

De igual modo, se corroboró la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada, por un total de $109.302.180, del cual el Gobierno Regional no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos respecto a la idoneidad del proveedor. Los datos especificados, se incorporarán al sumario administrativo antes mencionado.

Gobierno Regional de Tarapacá

En el caso del Gobierno Regional de Tarapacá, la Contraloría determinó que esta “institución no mantiene un análisis de las transferencias pendientes de rendición pactadas en diversas cuentas contables, incumpliendo con la transparencia de la información financiera. También se observaron gastos improcedentes producto de dos contrataciones a honorarios por la suma de $7.781.253″.

En tanto, “se detectó el mal uso de las redes institucionales del Gore para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección, lo que resulta ajeno a las funciones propias de la entidad pública”.

Debido a esto, la Contraloría Regional “instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas”.

Gobierno Regional de Antofagasta

En el Gobierno Regional de Antofagasta, la Contraloría determinó que la dicha entidad “mantiene un saldo pendiente de rendir por los organismos receptores de recursos públicos de $4.202.867.306, situación que deja en manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de la entidad para requerir las rendiciones de fondos que datan de al menos el año 2021″.

Igualmente, “se evidenció que, al 30 de septiembre de 2024, la entidad pública aludida mantiene montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos, por un monto de $4.856.481.471″.

“Situación que deja en manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas”, precisa la Contraloría.

Entre otras observaciones, se constataron irregularidades en las bitácoras de vehículos fiscales; mal uso de las redes institucionales y el contrato de prestaciones de servicios a honorarios por tareas correspondientes a labores habituales y propias de las gestiones de la entidad.

Gobierno Regional de La Araucanía

La CGR comprobó que el Gore de La Araucanía contrató directamente a la empresa Ananda Comunicaciones SpA., para los servicios de “Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital”, pagando un total de $49.980.000, de lo cual se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del Gobernador Regional.

Según asegura el ente fiscalizador, “esta situación no se ajusta al principio de probidad, por lo que la CGR formulará el reparo por el total del dinero aludido”.

La CGR también concluye que el Gobierno Regional “contrató, por medio de un trato directo injustificado, al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672 sin la debida justificación de dicho valor”.

Asimismo, comprobó que se “autorizó bajo la modalidad de trato directo a la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por la suma total de 400 UF, para la defensa de intereses institucionales asociadas a transferencias del servicio a determinadas fundaciones, advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos”.

Gobierno Regional de Los Ríos

La Contraloría advirtió que “existe un saldo de $8.651.017.491 por recursos transferidos pendientes de rendición de cuentas por transferencias al sector público. Al respecto, los recursos correspondientes a años anteriores a 2024, se componen de 201 registros por un monto de $8.593.127.491, que en algunos casos registran desde el año 2015. El GORE deberá ajustar sus procedimientos de control y resguardo de aportes transferidos al sector público”.

Asimismo, se indicó “de la existencia de un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas. Por los motivos descritos, el Gobierno Regional de Los Ríos deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias por falta de control”.

Por otro lado, se estableció que “162 pagos de viáticos correspondientes a 17 personas funcionarias -por un total de $5.588.059- estaban directamente vinculados a sus labores habituales. Además, el organismo fiscalizador, verificó “el mal uso de vehículos fiscales, por lo que la Contraloría Regional instruirá una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Gobierno Regional de Magallanes

Entre las observaciones al Gore de Magallanes, destaca que “dentro de las actividades encomendadas a algunos prestadores de servicios contratados a honorarios se incluyeron servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística del gobernador regional y el manejo de las redes sociales de dicha autoridad”.

En consecuencia, “la entidad deberá implementar las acciones necesarias a fin de que la difusión se encuentren centradas en las actividades de la entidad y no de la autoridad de forma individual. Lo mismo respecto al mal uso de los medios de comunicación y redes institucionales”.

Además, “se determinó que de un total de 25 informes de actividades de profesionales contratados para prestación de servicios a honorarios, fueron aprobados por un funcionario diferente al establecido en los respectivos convenios”.

También, “se constató que en 24 informes de actividades adjuntos a los comprobantes de pago, que acreditarían el cumplimiento de la prestación de servicios, las tareas se indican de forma genérica, sin señalar ni especificar el detalle de lo realizado”.

Por otra parte, la CGR detectó que detectó que, según la bitácora de carga de combustible del vehículo destinado al traslado del gobernador regional, durante más de cinco meses no se respetó el límite máximo mensual de 300 litros de bencina.

“Por todos los antecedentes expuestos, esta Contraloría General iniciará un sumario en el Gobierno Regional de Magallanes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas”, concluye el órgano fiscalizador.