CDE interpone querella criminal contra el diputado Miguel Calisto por fraude al fisco
La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, también apunta a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, acusados de ejecutar maniobras para desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos.
Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el diputado por la Región de Aysén, Miguel Calisto Águila (Demócratas) y de todos quienes resulten responsables, por el delito de fraude al fisco, “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”, según informó el organismo.
La querella, presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, se dirige nominativamente también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por “haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación”, menciona el comunicado de la entidad que defiende los intereses del Estado.
Contratos irregulares y pagos sin respaldo por más de $100 millones
Asimismo, el CDE dio a conocer que “la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios”.
La institución señaló que estos pagos no solo fueron aumentando con el tiempo sin justificación alguna, sino que además tampoco contaron “con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.
En ese sentido, el CDE advirtió que “existen múltiples antecedentes que dan cuenta que la querellada no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región”.
Debido a esto, el organismo estableció que “se pudo constatar que la querellada Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila, quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó”.
Serie de transferencias entre los imputados
Por último, el CDE indicó que durante ese período “se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”.