Gratuidad en educación superior: alto respaldo, debate por el FES y alerta por prácticas fraudulentas
A casi diez años de su implementación, un estudio de Criteria y la Universidad Finis Terrae muestra que la gratuidad mantiene amplio respaldo, aunque pierde prioridad. El debate por el nuevo FES se cruza con denuncias de fraude en el acceso y la disputa por el decil 7.
La gratuidad en la educación superior cumplirá pronto una década desde su implementación en 2016 y sigue siendo bien valorada por la ciudadanía.
Sin embargo, un estudio de percepción ciudadana elaborado por Criteria y la Universidad Finis Terrae, publicado este jueves, reveló que el beneficio no está entre las urgencias más sentidas del país y que persiste el debate sobre su alcance y focalización.
La gratuidad sigue bien evaluada por su impacto en acceso y retención, mientras el Congreso discute el nuevo financiamiento
Según la encuesta, aplicada a 610 personas entre el 1 y el 4 de agosto, el 85% considera que la gratuidad ha permitido el ingreso de estudiantes que no podrían pagar, un 75% cree que ha reducido el endeudamiento de las familias y un 73% que ha favorecido la retención de alumnos que antes desertaban por motivos económicos.
No obstante, solo un 13% menciona “mejorar la educación” como prioridad nacional, muy por debajo de temas como seguridad (59%), control de la inmigración (37%) y salud (22%).
En cuanto a su proyección, un 47% prefiere mantener la cobertura actual, un 42% apuesta por hacerla universal y un 7% plantea reducirla. El sondeo también evidenció que un 61% cree que debe entregarse únicamente a quienes la necesitan, y que quienes pueden pagar no deberían recibirla.
FES y debate sobre “trampas” para obtener gratuidad
Los resultados de este estudio se conocen en medio de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que crea el nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES) y que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular la iniciativa, que ahora deberá pasar a Sala.
La discusión legislativa ha estado marcada por las advertencias de variados expertos sobre la posible extensión de prácticas fraudulentas para acceder a beneficios.
Desde el inicio de la gratuidad, se han detectado casos de estudiantes que falsean información socioeconómica en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) o en el Registro Social de Hogares, ya que declaran vivir solos o con familiares distintos a sus padres para bajar de decil y ubicarse dentro del 60% más vulnerable.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que este comportamiento es “histórico” y no es exclusivo del FES: “Es un fenómeno que ha ocurrido con todos los beneficios estudiantiles (…) y frente a ello ya tenemos en ejecución un plan de modernización del FUAS”.
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, detalló que se está implementando un sistema para detectar comportamientos estratégicos en el proceso de postulación y apelación, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social.
Un punto de tensión: decil 7
En la votación, la comisión rechazó una indicación del Ejecutivo que buscaba modificar los criterios para que las instituciones de educación superior otorgaran gratuidad a estudiantes pertenecientes al decil 7.
La propuesta elevaba el umbral de ingresos fiscales que actúa como “gatillo” para activar la gratuidad y, además, cambiaba su referencia desde el PIB Tendencial general al PIB Tendencial No Minero.
Este ajuste habría implicado que el beneficio para ese segmento dependiera de un indicador económico más acotado y sensible a variaciones, lo que podría retrasar o limitar su aplicación en comparación con la regla vigente.
Para varios parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, esta fórmula representaba un retroceso en lugar de un avance hacia la ampliación de la gratuidad, pues endurecía las condiciones para que estudiantes de ese tramo pudieran acceder al beneficio.