Democracia Viva: Fiscalía pide diez años de prisión para la desaforada diputada Catalina Pérez
La parlamentaria es acusada de tres delitos consumados de fraude al fisco, y se le atribuye haber liderado la operación que permitió concretar los convenios por $426 millones suscritos entre la Seremi de Vivienda en Antofagasta, a cargo de Carlos Contreras, y Democracia Viva, organización presidida por Daniel Andrade.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó una pena de diez años de prisión para la desaforada diputada, Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica y otras tres personas en el marco del caso Democracia Viva.
El ente persecutor presentó la acusación el pasado 14 de agosto, -un día después de que se comunicara el cierre de la investigación-, la cual se dio a conocer este miércoles.
En esta se detallan los delitos por los cuales el Ministerio Público llevará a juicio a los acusados y que tienen relación con los convenios entre las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomate con el Estado.
La parlamentaria es acusada de tres delitos consumados de fraude al fisco, y se le atribuye haber liderado la operación que permitió concretar los convenios por $426 millones suscritos entre la Seremi de Vivienda en Antofagasta, a cargo de Carlos Contreras, y Democracia Viva, organización presidida por Daniel Andrade.
Debido a ello, la Fiscalía solicitó para los cuatro implicados, una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, una “multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.
En tanto, se pidió una “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”.