Expertos en La Mesa de Todos coinciden en que la seguridad no se resuelve solo con más persecución penal, sino con confianza y una política de Estado

En Pauta Propia, Mauricio Duce y Daniel Johnson, reflexionaron sobre el aumento de la inseguridad y advirtieron que sin confianza en las instituciones ni políticas basadas en evidencia, ningún gobierno podrá revertir la crisis.

En La Mesa de Todos de Pauta Propia, Cony Stipicic conversó con el abogado y académico de la Escuela de Gobierno UC, Mauricio Duce, y con el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sobre la seguridad en nuestro país, un tema prioritario para la ciudadanía que —según coincidieron— no puede abordarse únicamente desde el aumento de la persecución penal o las reformas legales.

“Hay una disociación, creo yo, entre distintas percepciones. No es todo temor, es percepción de aumento, percepción de desconfianza. O sea, son distintas cosas que creo que tenemos que diferenciar para atacar”, planteó Duce, quien también fue parte del equipo que impulsó la Reforma Procesal Penal en Chile.

“Y, por tanto, no todas se van a resolver con mejoras en la persecución penal, sino que hay que atacar otras cuestiones. Por ejemplo, los niveles de confianza. Los niveles de confianza que expresa la ciudadanía en las instituciones de la justicia penal, pero además en todas las instituciones públicas, tienden a ser bajos”, agregó.

Evaluación de nueva Política Nacional de Seguridad Pública

Johnson coincidió con el abogado y, en ese contexto, sostuvo que la nueva Política Nacional de Seguridad Pública, lanzada recientemente por el Presidente Gabriel Boric, “es razonable”, ya que “permite abordar la inseguridad de manera mucho más amplia”.

No obstante, advirtió que su implementación queda en una posición compleja, pues fue dictada al cierre de un gobierno y deberá ser continuada por el siguiente.

Duce valoró la nueva política, pero subrayó que debe consolidarse como una estrategia de Estado sostenida en el tiempo: “Es un ladrillo en un edificio que se está construyendo, pero tenemos que empujar para que esta construcción funcione. Y creo que tiene la gracia de plantear una cierta visión de Estado sobre cómo deberíamos enfrentar el tema”, expresó el especialista en Derecho Penal y Procesal Penal.

“Lo que yo creo, sin embargo, es que luego el desarrollo que tienen las acciones concretas es relativamente escuálido“, añadió.

El desafío de la confianza instituciones

Ambos expertos coincidieron en que la confianza es el núcleo del problema y también la parte más difícil de recuperar. Johnson describió un “círculo vicioso” donde el sentido de urgencia política impulsa medidas reactivas y de corto plazo que, al no generar resultados sostenibles, aumentan la desconfianza ciudadana.

“En materia de seguridad no hemos podido instalar políticas que tengan efecto en el medio y largo plazo porque parecieran no pertinentes para un problema que tengo que resolver hoy día, porque es muy urgente”, explicó Johnson quien lidera investigaciones sobre delitos violentos, reincidencia, prevención y percepción de inseguridad.

Por su parte, Duce manifestó que considera que “hay razones externas que afectan la confianza, pero también hay razones del propio sistema de justicia penal, que han ayudado a generar esta situación de desconfianza”.

En ese contexto aseveró que la prioridad para el sistema judicial es construir “una política de legitimidad social de las instituciones”, una estrategia compleja, que según explicó, debe incluir mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, así como una redefinición de su relación con los usuarios.

“Después de tantos años, seguimos teniendo problemas en la atención a las personas. Las víctimas reciben información tardía, poco clara o en abstracto, y eso genera desconfianza. Una mala experiencia con el sistema no solo aleja al usuario, sino también a su entorno”, advirtió.

“Es imposible que un gobierno sea responsable de la situación de inseguridad que está pasando hoy día”

Por otro lado, los especialistas concordaron en que la seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino el resultado de políticas sostenidas, basadas en evidencia y planificación.

“En esa percepción de inseguridad cuando uno busca el culpable, normalmente lo encuentra en el ejecutivo. Los gobiernos son culpables de la inseguridad”, postuló Johnson. No obstante, estableció que “la capacidad que tiene un Gobierno de hacer cambios reales en materia de inseguridad en cuatro años es prácticamente nula”.

“Es imposible que un gobierno sea responsable de la situación de inseguridad que está pasando hoy día”, sumó.

Por su parte, el académico de la Escuela de Gobierno UC añadió que para obtener resultados efectivos es indispensable basar las políticas en evidencia y validarlas antes de su implementación: “Hay que tener diagnósticos basados en evidencia y tienen que tener validación para tener resultados. La reforma legal tiene la capacidad de cambiar la realidad cercana a cero si no va acompañada de mecanismos que la implementen”.