“La situación no da más”: Mauricio Duce alerta hacinamiento crítico y falla estructural en cárceles chilenas

En Pauta Propia, no de los principales investigadores en materia de justicia penal y sistema carcelario en el país, indicó que el crecimiento “exponencial” de la población penitenciaria ha sido “dramático”, y que este aumento ha deteriorado gravemente la capacidad del sistema para funcionar con normalidad.

En Pauta Propia, el abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Mauricio Duce, uno de los principales investigadores en materia de justicia penal y sistema carcelario en Chile, entregó su diagnóstico sobre las cárceles en el país y advirtió que “la situación actual no da más”.

El especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, indicó que el crecimiento “exponencial” de la población penitenciaria ha sido “dramático”, y que este aumento ha deteriorado gravemente la capacidad del sistema para funcionar con normalidad.

Según comentó, el hacinamiento está generando “problemas de seguridad, de control, de condiciones básicas de vida” y también “potencia otros factores”, como escenarios más propicios para la corrupción y la actividad ilícita al interior de los recintos.

El académico de la UC, indicó que los datos más recientes, que son de finales de septiembre, señalan que las cárceles del país había “más de 62.200 personas para una capacidad que supera un poco las 42.000 y la tasa de hacinamiento ya iba en 147%. Y esto se replica tanto en cárceles públicas como concesionadas”.

Presupuesto y sobrecarga de gendarmes

Duce también explicó que el incremento acelerado de la población penal se desarrolla en un contexto donde “los recursos que se destinan al sector se han mantenido estables en el tiempo”. 

El académico advirtió que esta presión sobre un presupuesto que no crece ha golpeado directamente a Gendarmería, afectando tanto su capacidad operativa como las condiciones laborales de sus funcionarios, debido a que “el número de gendarmes ha sido el mismo”. 

En ese escenario, añadió que las cargas de trabajo se han vuelto “mucho más precarias, muy tensionadas”, y que incluso “han aumentado exponencialmente la cantidad de licencias médicas de los funcionarios”, reduciendo la dotación efectiva y tensionando aún más las capacidades del sistema.

Prisión preventiva y penas alternativas como claves para descomprimir el sistema

Duce también advirtió que uno de los factores que más ha contribuido al colapso carcelario es el uso excesivo de la prisión preventiva. Recordó que, mientras en 2007 solo un 23% de la población penal estaba en esa condición —un estándar comparable al de países desarrollados— hoy la cifra llega al 37%.

Según explicó, esta alza responde a reformas legales que han empujado a aplicarla “de manera más automática”, pero también a una presión cultural y política que instaló la idea de que “si no hay prisión preventiva hay impunidad”. 

El investigador sostuvo que devolver la prisión preventiva a niveles normales tendría un impacto inmediato: “si bajamos del 37% a un 23%, nos ahorraríamos de inmediato unos 5.000 cupos”. Sin embargo, precisó que esto debe ir acompañado del fortalecimiento de las alternativas al encierro durante el proceso penal —como arresto domiciliario, firma periódica o control telemático—, cuya debilidad actual hace que, en la práctica, “no ofrezcan garantía de cumplimiento”. 

Duce también subrayó que el país necesita robustecer el sistema de penas alternativas, que hoy presenta déficits en control y oferta programática. En ese sentido, comentó, que hay que hacer “una pequeña inversión para asegurarnos que las alternativas sean razonablemente controladas y tengan una oferta programática que favorezca el proceso de reinserción”.

Reformas estructurales y fortalecimiento de Gendarmería

Ante este panorama, el investigador indicó que las soluciones que se están presentando “no están apuntando a una parte significativa del problema, sino que están tratando sólo el problema de los cupos”.

A su juicio, el debate público y legislativo se ha concentrado casi exclusivamente en ampliar la infraestructura penitenciaria, pero advirtió que esa estrategia es insuficiente frente al ritmo actual de crecimiento de la población penal. “Con este crecimiento exponencial no hay cómo seguir ese ritmo de construcción de cárceles”, señaló, enfatizando que prometer más recintos sin acompañarlo de cambios estructurales “no va a resolver por sí sola el problema”.

En esa línea, recalcó que “si el problema carcelario solo se trabaja tratando de resolver el problema de cupos (…) nunca lo vas a lograr ni aunque contrates 100 barcos cárceles” subrayando la necesidad de una reforma integral que vaya mucho más allá de la infraestructura.

Duce señaló que la crisis exige una política criminal “más compleja” y que es necesario repensar la institucionalidad penitenciaria, con transformaciones profundas en Gendarmería: revisar su carrera profesional, especializar funciones y separar las tareas de custodia de las de reinserción social.