Elizalde afirma que no hay sustento legal para acusación constitucional contra Montes por expropiación en San Antonio
El ministro del Interior, aseguró que “persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional”.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que existan fundamentos jurídicos para una acusación constitucional contra el su par de Vivienda, Carlos Montes, tras la decisión del Gobierno de expropiar parte de los terrenos ocupados por la megatoma de San Antonio.
Lo anterior, luego de que el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dejara abierta la posibilidad de presentar un libelo acusatorio contra el titular del Minvu.
El diputado acusó que el ministro Montes “está legalizando un delito. Usurpar es un delito en Chile”, y señaló que “es inaceptable y por eso, si es necesario hacer una comisión investigadora o una acusación constitucional contra el ministro Montes, lo haremos. Está todo abierto”.
“No hay infracción legal”
Elizalde fue consultado por esta situación y aseguró que “una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal. En este caso, no hay infracción legal”.
Además enfatizó que la medida se enmarca en las facultades que entrega la ley. “Nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente, pero es una herramienta que, por lo demás, el Gobierno del Presidente Piñera utilizó más veces que el Gobierno del Presidente Boric”.
“Entonces cuando hay alternativas que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico y el Gobierno decide utilizar una de esas alternativas, una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional”, sumó.
Pidió no confundir diferencias políticas con ilegalidades
En tanto, el secretario de Estado hizo un llamado: “En el debate democrático, todos podemos tener distintos puntos de vista, las decisiones que toma la autoridad pueden ser compartidas o no por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en Chile existe libertad de expresión, pero no confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad que es el fundamento de una acusación constitucional”.
“En caso contrario, entonces habrían violado la constitución y las leyes todas las autoridades del Gobierno del Presidente Piñera que llevaron adelante estas expropiaciones”, concluyó.