Estados Unidos reduce a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para migrantes tras reforzar controles de seguridad
La administración estadounidense recortó de cinco años a un máximo de 18 meses la duración de los documentos de autorización de empleo para refugiados, solicitantes de asilo y otras categorías humanitarias, medida que justificó como necesaria para incrementar la frecuencia de verificaciones y proteger la seguridad pública.
El Gobierno de Estados Unidos anunció una modificación sustancial en la política de permisos de trabajo dirigidos a personas migrantes, reduciendo la vigencia máxima de estos documentos de cinco años a solo 18 meses.
La decisión, comunicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afecta a permisos iniciales y renovaciones para diversas categorías, incluidas las de refugiados, asilados, solicitantes de suspensión de deportación y personas con trámites de asilo pendientes.
Nuevo marco temporal para permisos laborales y revisión migratoria
La medida se aplicará a todas las solicitudes presentadas desde el 5 de diciembre, así como a aquellas ya ingresadas que aún están en proceso de resolución.
Para ciertos colectivos bajo protección temporal o libertad condicional, como beneficiarios de TPS o extranjeros admitidos por razones humanitarias, el período de validez podrá ser incluso menor, limitándose a un año o al tiempo autorizado por su estatus migratorio, optándose siempre por el plazo más corto.
Según explicó el director del USCIS, Joseph Edlow, la reducción del período busca permitir “controles más frecuentes” sobre quienes aspiran a trabajar en el país, y argumentó que tales verificaciones son necesarias para prevenir riesgos potenciales a la seguridad pública.
La decisión fue enmarcada dentro de un contexto de preocupación tras un reciente ataque en Washington atribuido a un extranjero admitido bajo programas humanitarios.
El cambio supone un giro hacia una supervisión más estricta del cumplimiento y la elegibilidad de los migrantes que obtienen permisos laborales, lo que podría incrementar la carga administrativa tanto para las autoridades como para quienes dependen de estas autorizaciones para mantenerse empleados en Estados Unidos.