Elizalde aborda cifra de beneficiados por norma de “amarre” y afirma que AC contra Grau sería “absurda”
Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado buscó despejar dudas respecto del alcance real de la propuesta y descartó que esta limite la capacidad de las futuras autoridades para conformar sus equipos de trabajo.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este viernes la polémica en torno al proyecto conocido como “ley de amarre“, iniciativa que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y la oposición por las nuevas exigencias que establece para el despido de funcionarios públicos a contrata.
Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado buscó despejar dudas respecto del alcance real de la propuesta y descartó que esta limite la capacidad de las futuras autoridades para conformar sus equipos de trabajo.
Funcionarios de confianza cesan el 11 de marzo
En ese sentido, Elizalde recalcó que el proyecto no altera la regla básica que rige para los cargos de confianza política.
“En lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que llegaron a trabajar en el gobierno, en cargos de confianza, por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo”, afirmó.
“Esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo”, agregó.
Críticas a la ofensiva de la UDI
El ministro también respondió a la advertencia de la UDI, que ha planteado la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau si el Ejecutivo no retira el proyecto.
“La acusación constitucional está concebida con una finalidad distinta”, sostuvo, y añadió que cuando un parlamentario discrepa de una iniciativa legal, “lo que corresponde es que vote en contra”.
Sin embargo, el titular de Interior fue más allá al calificar la amenaza como carente de sustento jurídico: “Es absurdo, jurídico y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley”, enfatizó.
“Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional, e implica simplemente desnaturalizar el sentido de las instrumentos de fiscalización que establece la Constitución respecto a los parlamentarios”, sumó.
Debate por cifras de funcionarios beneficiados
Otro de los puntos abordados fue el informe del centro de estudios Horizontal, elaborado a partir de cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que estimó que cerca de 33 mil funcionarios de esta administración se verían beneficiados por la normativa. Elizalde cuestionó esa interpretación.
“Hay una diferencia respecto de quiénes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los Servicios Locales de Educación. Por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas”, aseveró.
Al ser consultado por los números que maneja el Gobierno, Elizalde respondió que “no puedo dar la cifra exacta, porque esto se ha estado actualizando mes a mes”.
Desvinculaciones deberán ser fundadas en funcionarios de carrera
Por último, reiteró que la postura del Gobierno, recogida en el acuerdo alcanzado con el sector público, apunta a reforzar criterios de fundamentación en los procesos de desvinculación, circunscritos exclusivamente a los funcionarios de carrera.
En ese contexto, precisó que “los funcionarios de carrera, no los que tienen confianza política, en caso de que se proceda a su desvinculación, se fundamente dicha decisión, porque todo acto administrativo debe ser fundado”.