Contraloría revela debilidades en la gestión de incendios forestales en La Araucanía por parte de Conaf
Deficiencias en protocolos, faltas de registros y que no consideraron alertas meteorológicas marcaron la acción de dicha entidad ante las emergencias producidas en Traiguén y Lonquimay.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló debilidades en la gestión de incendios forestales por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tras auditar su actuación en emergencias ocurridas en La Araucanía.
En concreto, el ente fiscalizador dio a conocer que la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura presentó deficiencias en su actuación frente a dos siniestros ocurridos en la Región de La Araucanía entre los años 2024 y 2025, específicamente en Traiguén y Lonquimay.
Traiguén: quema autorizada sin considerar alertas ni condiciones climáticas
El incendio forestal registrado en Traiguén en 2025, denominado “Providencia” se originó a partir de una quema controlada autorizada por Conaf que no fue correctamente extinguida y que terminó afectando 3.064 hectáreas.
Según el informe del organismo liderado por Dorothy Pérez, “la autorización entregada por Conaf no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por Senapred ni las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaban temperaturas entre 22°C y 28°C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 km/h en costa y valles”.
“Todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, lo que finalmente ocurrió”, agregó.
Asimismo, la entidad acreditó que Conaf “no dio cumplimiento a su deber legal de denunciar ante el Ministerio Público el incendio, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen”.
Sumario y envío de antecedentes a la Fiscalía
A raíz de lo anterior, la Contraloría resolvió instruir un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en la autorización de la quema. Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su análisis.
Además, el ente fiscalizador ordenó a Conaf revisar y actualizar los criterios utilizados para autorizar quemas controladas, para “incorporar en sus procedimientos la verificación de alertas de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile” y así garantizar “la trazabilidad, oportunidad en la entrega de antecedentes y una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten”.
Lonquimay: deficiencias en registros y control de costos
El segundo caso corresponde al incendio ocurrido en 2024 en la localidad de Troyo, comuna de Lonquimay, que afectó 805,85 hectáreas de bosque nativo y cuya extinción tomó 129 días.
En este episodio, la auditoría detectó que el módulo de “Costeo de incendios y valorización de pérdidas” del sistema SIDCO —diseñado para calcular el costo real del combate de incendios— no fue implementado plenamente, obligando a realizar estimaciones manuales.
Lo anterior impidió contar con información estandarizada, confiable y oportuna. Por ello, la CGR ordenó a la entidad establecer “un plan de trabajo para implementar el módulo en un plazo máximo de seis meses”.
También se identificó la falta de registro del Comandante de Incidente en SIDCO, en 11 de las 15 fichas de incendios forestales analizadas -incluyendo un caso con información totalmente omitida y 10 con días de combate sin datos.
Debido a esto, la institución, ordenó a Conaf “tomar las acciones necesarias para materializar protocolos de interoperabilidad con organismos externos”.
Plazos y nuevas obligaciones para Conaf
La Contraloría también instruyó a Conaf a establecer protocolos formales y obligatorios para remitir directamente al Ministerio Público informes técnicos que identifiquen posibles conductas negligentes en incendios forestales de gran magnitud.
El cumplimiento de estas medidas deberá ser informado a la Contraloría a través de su sistema de seguimiento en un plazo de 60 días hábiles.