Gobierno confirma que “Ley Uber” no entrará en vigencia antes del fin del mandato
El Ministerio de Transportes anunció este viernes 23 de enero que la puesta en marcha de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, no será posible durante la actual administración debido al fracaso de la licitación para crear la plataforma tecnológica requerida.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones confirmó que la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, popularmente llamada “Ley Uber”, no podrá entrar en vigencia antes del término del mandato del actual gobierno.
La razón principal es el fracaso de la licitación para desarrollar la plataforma digital que permitiría operacionalizar la normativa, lo que obligará a dejar el proceso inconcluso para que lo retome la próxima administración.
Retraso por falla en licitación tecnológica
La cartera explicó que, pese a que la ley fue aprobada por el Congreso y su reglamento ya fue tomado de razón, la licitación para construir el registro electrónico central, pieza clave para que las empresas y conductores se inscriban legalmente, quedó desierta.
La única oferta presentada fue declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos técnicos mínimos, lo que detuvo el avance.
Críticas desde el Congreso y el sector transporte
La decisión generó reacciones en el Congreso. El diputado republicano Juan Irarrázaval cuestionó la voluntad del Gobierno para implementar la ley, mientras que el diputado Jaime Mulet calificó la situación como una “vergüenza”.
Además, gremios de servicios de transporte por aplicación advirtieron que una entrada en vigor apresurada podría dejar fuera de operaciones a más del 80 % de los conductores si no se ajustan aspectos técnicos y regulatorios.
¿Qué sigue para la Ley Uber?
El titular de Transportes aseguró que la intención es dejar avanzado el desarrollo tecnológico y los elementos reglamentarios para que la próxima administración pueda implementarlos y efectuar los ajustes necesarios.
Sin embargo, el calendario legislativo y técnico limita las posibilidades de que la ley se active antes de marzo, cuando culmina el actual gobierno.