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Estado Unidos ordena el fin de la operación federal del ICE en Minnesota

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POR Micaela Galarce Mascaró |

La decisión llega después de más de dos meses de presencia reforzada de agentes federales, miles de detenciones y un clima de alta controversia política y social en el estado.

La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves el término del despliegue extraordinario de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minnesota, poniendo fin a más de dos meses de intervención federal que dejó miles de detenciones y una fuerte controversia política y social en el estado.

Fin de una intervención federal de alto impacto

El operativo, denominado Operación Metro Surge, se inició en diciembre de 2025 e implicó el envío de cerca de 3.000 funcionarios federales a distintas zonas del estado, con especial concentración en el área metropolitana de Minneapolis.

Desde la Casa Blanca señalaron que la fase intensiva de la intervención ya cumplió sus objetivos y que la retirada se realizará de manera gradual durante los próximos días.

Las autoridades recalcaron que el cierre del despliegue no representa un cambio en la política migratoria general del Gobierno, sino el término de una etapa específica de refuerzo.

Miles de detenciones y cifras bajo debate

Según datos oficiales, la operación dejó más de 4.000 personas arrestadas en poco más de dos meses. Desde el Ejecutivo sostienen que una parte importante de los detenidos enfrentaba procesos migratorios pendientes o contaba con antecedentes penales.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y autoridades locales cuestionaron el alcance de los procedimientos, advirtiendo que no todos los casos correspondían a delitos graves.

La ausencia de un desglose detallado ha mantenido abierto el debate sobre la proporcionalidad del operativo.

Protestas y tensión política

La presencia masiva de agentes federales provocó manifestaciones en diversas ciudades de Minnesota y generó fricciones entre el gobierno federal y autoridades estatales. Grupos comunitarios denunciaron un clima de intimidación en barrios con alta población migrante.

Desde Washington, en cambio, defendieron la intervención como una acción necesaria para reforzar el cumplimiento de la ley migratoria.