Fiscal Eugenio Campos por irregularidades en recursos para megaincendio de Valparaíso: la emergencia no es “ningún argumento”
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional advirtió que las observaciones de Contraloría por irregularidades en la destinación de $1.100 millones son “graves” y podrían derivar en delitos como fraude al fisco o malversación.
La Fiscalía Nacional abrió una investigación tras recibir cinco informes de la Contraloría por presuntas irregularidades en el uso de recursos destinados a la emergencia por el megaincendio de febrero de 2024 en Valparaíso. El fiscal Eugenio Campos sostuvo que la premura no justifica fallas en los controles y subrayó que se trata de hallazgos de alta complejidad.
Esta semana se dieron a conocer cinco informes de Contraloría General de la República (CGR) que dan cuenta de irregularidades en los recursos destinados para la demolición de casas siniestradas en el megaincendio de Valparaíso. Las autoridades mencionadas en los documentos se han escudado de las críticas en la urgencia de la situación.
“Es ningún argumento”: la premura no justifica relajar controles
Frente a la tesis de que la urgencia de la emergencia habría explicado las anomalías, Campos fue categórico: “Es ningún argumento”. Reforzó que “el hecho de que estemos frente a un siniestro no es óbice para relajar la fiscalización”, ni para desatender los mecanismos de control en el uso de fondos públicos.
En esa línea, mencionó patrones ya observados en otras causas, como eventuales figuras de “fraude al fisco” o “malversación de caudales públicos”, cuando existen pagos sin respaldo suficiente o ausencia de control.
Adjudicaciones cuestionadas y empresas sin experiencia
Entre los antecedentes más llamativos, mencionó patrones que se repiten en investigaciones por delitos funcionarios, como “empresas constituidas casi de la noche a la mañana” o sin experiencia suficiente para ejecutar tareas millonarias. Uno de los ejemplos concretos es la firma de un contrato millonario con una empresa cuyos dueños tenían 19 y 25 años.
A ello se suma las “faltas de constancia o medios de verificación respecto de los pagos”, como las nombró el fiscal. Campos señaló que esto genera “opacidades” que se constatan en los informes de la CGR y que serán materia de investigación.
Posibles responsabilidades penales
Consultado sobre si los antecedentes remitidos por Contraloría podrían obedecer a una falta de prolijidad administrativa por la emegencia, Campos lo descartó. “Lamentablemente acá hay hechos y observaciones que van más allá de un simple desorden”, sostuvo.
Si bien la investigación se abrió este miércoles y esta debe desarrollarse todavía, Campos planteó que se podrían “tener en la mira” figuras delictuales como fraude al fisco y administración desleal, a partir de un primer vistazo a los antecedentes.
Sobre eso, el director de la Unidad Anticorrupción afirmó que “no hay duda alguna que van a ser citados” quienes hayan tenido intervención en los convenios cuestionados. La indagatoria está en fase de recopilación de antecedentes y podría derivar en nuevas aristas, según los hallazgos que se detecten.