Pensiones de gracia del 18-O superan los $7.000 millones y abren debate al próximo gobierno
El Estado ha desembolsado más de $7.000 millones en beneficios vinculados al estallido social. En enero se pagaron más de $200 millones y la nueva administración deberá definir la continuidad del fondo.
El pago de pensiones de gracia asociadas al estallido social de 2019 se instaló como un tema pendiente para el próximo gobierno. El 16 de enero se desembolsaron $204.951.320 por este concepto, según registros de la Tesorería General de la República.
Desde la implementación del beneficio, el gasto acumulado alcanza $7.009.644.357. La cifra equivale a más de US$8,2 millones y refleja el impacto fiscal de un programa que continúa vigente.
Revocaciones y cuestionamientos al mecanismo
Las pensiones de gracia fueron otorgadas a 418 beneficiarios que acreditaron haber sufrido lesiones o afectaciones en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019.
El objetivo del beneficio es entregar una compensación económica mensual a quienes vieron afectada su capacidad laboral a raíz de esto, en distintos grados según la complejidad de las lesiones.
Durante 2024 el Ejecutivo revocó 28 pensiones de gracia. A comienzos de febrero se cancelaron tres beneficios adicionales, en medio de críticas por eventuales irregularidades en el proceso de asignación.
La polémica surgió tras detectarse posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia. Esto porque algunos beneficiarios no cumplirían los requisitos como víctimas del estallido social. Las críticas apuntan a la falta de control en la revisión de antecedentes y al elevado costo fiscal acumulado del programa mientras el Estado está en déficit.
Las críticas a las pensiones
Parlamentarios han planteado la necesidad de revisar en detalle las pensiones concedidas y evaluar eventuales revocaciones adicionales. El foco está puesto en casos donde existirían inconsistencias en la acreditación de los requisitos.
El diputado y senador electo Andrés Longton (RN) anunció que pedirá al próximo gobierno revocar “todas y cada una de las pensiones de gracia mal otorgadas a falsas víctimas”, cuestionando la falta de control en el proceso de asignación.
En la misma línea, la diputada electa Javiera Rodríguez (Republicanos) sostuvo que el beneficio “debe terminar sin excepción”, argumentando que el mecanismo presenta falencias estructurales y un alto costo para las arcas fiscales.
Con el cambio de mando fijado para el 11 de marzo, la continuidad del programa quedará en manos del Presidente electo José Antonio Kast. La nueva administración deberá definir si mantiene, ajusta o pone término a las pensiones.