Por unanimidad: Corte de Apelaciones rechaza desfuero del gobernador Orrego
En decisión unánime, el tribunal descartó remover la inmunidad del gobernador metropolitano en la investigación por la transferencia de $1.686 millones a la fundación ProCultura. La Fiscalía de Antofagasta buscaba formalizar a la autoridad por presunto perjuicio fiscal, mientras la defensa sostuvo que no existió daño patrimonial al Estado.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este martes rechazar, en decisión unánime, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación vinculada a la fundación ProCultura.
Corte rechaza desafuero de Claudio Orrego en investigación por convenio con ProCultura
La petición del Ministerio Público buscaba remover la inmunidad de la autoridad regional para avanzar en su formalización por una arista relacionada con la transferencia de $1.686 millones realizada en 2022 desde el Gobierno Regional de Santiago a la fundación, destinada a implementar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
Durante la audiencia, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que existían antecedentes que daban cuenta de un eventual perjuicio fiscal, y señaló que los recursos no habrían cumplido íntegramente su finalidad.
Además, planteó que la fundación no contaba con experiencia acreditada en el área y que parte de los fondos no fue restituida.
La causa ya tiene a cinco personas formalizadas, entre ellas el psiquiatra Alberto Larraín, controlador de ProCultura, imputado por presunto fraude al fisco.
Tribunal rechaza solicitud de desafuero tras una hora de deliberación
Por su parte, la defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara, argumentó que el convenio fue revisado por diversas instancias institucionales y que el programa benefició a más de 14 mil personas en distintos municipios, establecimientos educacionales y organizaciones sociales.
Asimismo, sostuvo que los recursos públicos se encontraban respaldados mediante garantías, y descartó la existencia de daño patrimonial al Estado.
Tras escuchar los alegatos, los ministros del tribunal deliberaron por cerca de una hora antes de comunicar su decisión de no acoger la solicitud de desafuero.
El fallo supone una derrota relevante para el Ministerio Público en esta etapa procesal, al no prosperar su intento de desaforar a la autoridad regional, lo que marca un precedente en el desarrollo de esta arista del caso ProCultura.