Fiscal Campos tras revés de desafuero de Orrego: “No necesariamente implica el cierre de Procultura”
En Radio Pauta, el fiscal Campos afirmó que el rechazo al desafuero de Orrego es “una llamada de atención”, pero que el caso Procultura sigue abierto. También abordó el desafuero de Lavín y el alza de causas por corrupción.
En Primera Pauta de Radio Pauta, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, abordó el rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego.
El fiscal sostuvo que la decisión judicial constituye “una llamada de atención que tenemos que acoger”, pero enfatizó que “lo del gobernador, no necesariamente implica el cierre de Procultura”.
Campos: investigación por Procultura sigue abierta y advierte alza de casos de corrupción
Campos explicó que el fallo no pone término a la investigación y recalcó que en esta etapa procesal no se discuten pruebas, sino antecedentes. “No estamos hablando de pruebas.
Cuando uno habla de pruebas es cuando está frente a un juicio oral”, precisó. En ese sentido, sostuvo que la causa continúa con diligencias en curso y que el Ministerio Público deberá estudiar el veredicto antes de definir los próximos pasos.
Aumento de causas por corrupción y rol clave de la fiscalización
El persecutor también abordó el contexto más amplio de la corrupción en el país. Afirmó que los ingresos por este tipo de delitos han aumentado cerca de un 10% respecto del período anterior, fenómeno que atribuyó tanto a mayores niveles de fiscalización como a una ciudadanía más informada tras la reforma procesal penal.
Destacó especialmente el rol de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Análisis Financiero como actores clave en la detección de irregularidades que luego derivan en investigaciones penales.
Caso Lavín: “Indicios serios” de fraude y alta corrupción tras desafuero aprobado
En cuanto al desafuero del diputado Joaquín Lavín León, aprobado por la Corte Suprema, Campos indicó que la resolución habilita a la Fiscalía para solicitar medidas cautelares como a cualquier ciudadano.
Señaló que existen “indicios serios” de fraude al fisco por alrededor de 104 millones de pesos, además de uso y falsificación de instrumento privado y tráfico de influencias. “Estamos hablando de una alta corrupción”, afirmó, subrayando que el caso involucra asignaciones parlamentarias y recursos públicos.
Corrupción y crimen organizado: una amenaza convergente para las instituciones
Finalmente, advirtió sobre la creciente convergencia entre corrupción y crimen organizado. Explicó que hoy ambos fenómenos se analizan de manera conjunta, ya que las organizaciones criminales buscan lavar dinero ilícito mediante estructuras institucionales o captando funcionarios públicos.
En ese escenario, señaló que fiscales y policías están expuestos y deben reforzar sus estándares internos para enfrentar un fenómeno que, aseguró, exige una atención permanente.