Contraloría detecta fallas en sistemas de seguridad de 12 municipalidades de la RM y Biobío

Las revisiones evidenciaron problemas en planes comunales, dispositivos de vigilancia fuera de servicio, equipamiento sin utilización y deficiencias en licitaciones y sanciones, lo que llevó al organismo fiscalizador a ordenar correcciones administrativas e iniciar investigaciones internas.

Una serie de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en la gestión de la seguridad pública en ocho municipalidades de la Región Metropolitana y cuatro del Biobío.

Los hallazgos quedaron consignados en 12 informes elaborados por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades y la Contraloría Regional del Biobío, donde se identificaron problemas como falta de control, cámaras de vigilancia fuera de servicio, equipos sin uso y deficiencias en la aplicación de multas.

Según el organismo fiscalizador, estas situaciones derivaron en instrucciones para adoptar medidas correctivas, regularizar procedimientos e iniciar sumarios administrativos.

Incumplimientos en planes de seguridad y equipos sin uso

Entre las observaciones más recurrentes detectadas por Contraloría se encuentran la falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad pública, cámaras inoperativas, incumplimiento de recomendaciones de Carabineros, contrataciones sin respaldo técnico y multas que no fueron aplicadas.

Cámaras sin funcionamiento y dron sin autorización

Uno de los casos detectados corresponde a la municipalidad de San Joaquín, donde el Informe Final N°688 de 2025 identificó deficiencias en la gestión del sistema de televigilancia comunal.

Entre los hallazgos se constató que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al Plan de Seguridad 2023–2027 y que un dron municipal fue utilizado en 31 ocasiones sin autorización de la autoridad aeronáutica.

Además, siete cámaras permanecían inoperativas desde hace meses —algunas por más de un año— y 12 cámaras lectoras de patentes no estaban conectadas al sistema de encargo y búsqueda de vehículos.

Equipamiento sin uso y falta de control en San Bernardo

En la comuna de San Bernardo, el Informe Final N°584 de 2025 detectó múltiples problemas de gestión.

Entre ellos, la existencia de tablets sin uso o extraviadas, la falta de aplicación de multas en una licitación, vehículos municipales sin operar y ausencia de patrullajes preventivos permanentes.

También se identificó la inactividad de bicicletas y un dron adquirido para labores preventivas, además de la falta de seguimiento al Plan Comunal de Seguridad Pública.

Irregularidades administrativas en Lo Prado y Alhué

En el caso de Lo Prado, el Informe Final N°433 de 2025 reveló incumplimientos normativos, entre ellos la falta de envío del Plan Comunal de Seguridad a las autoridades correspondientes y la ausencia de un representante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en el Consejo comunal.

Asimismo, se detectó la emisión de certificados sin firma ni fecha para adjudicar licitaciones por más de $10 millones, además de contrataciones directas por cerca de $29 millones sin términos de referencia ni especificaciones técnicas.

En Alhué, en tanto, Contraloría identificó deficiencias en la adjudicación de una licitación para la compra de cámaras de televigilancia financiada con recursos FNDR.

Según el organismo, no existía respaldo en la asignación de puntajes ni en el criterio de servicio postventa, lo que influyó en la contratación de la empresa adjudicataria pese a que su oferta era la más costosa.

Falta de control y cámaras fuera de servicio

Otros municipios auditados también registraron deficiencias relevantes. En Maipú, por ejemplo, se constató que 29 cámaras de televigilancia estuvieron fuera de servicio durante distintos periodos de 2024, incluyendo un equipo que permaneció 302 días sin funcionar.

En San Miguel, en tanto, el informe reveló la entrega de permisos precarios para comercio ambulante sin cumplir los requisitos establecidos por la ordenanza municipal, además de inconsistencias en los registros de vehículos de seguridad pública.

También se detectaron debilidades en La Cisterna, donde vehículos municipales se encontraban sin revisión técnica vigente y se encontraron 12 motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento.

Deficiencias en municipios del Biobío

Las auditorías también incluyeron comunas del Biobío, donde se detectaron problemas en los sistemas de vigilancia y el uso de equipamiento.

En Concepción, el informe de Contraloría reveló que solo el 55% de las cámaras está conectado al CENCO de Carabineros, lo que limita la capacidad de apoyo policial.

Además, 18 cámaras instaladas en galerías comerciales del centro —financiadas con recursos de Prevención del Delito por casi $55 millones— no se encuentran operativas por problemas de conexión.

En Talcahuano, la situación fue aún más crítica: 50 de las 64 cámaras instaladas estaban fuera de servicio, y en más de la mitad de las solicitudes realizadas por instituciones policiales no fue posible obtener material útil para investigaciones debido a fallas técnicas.