Bukele impulsa cadena perpetua para delitos graves en El Salvador: Congreso da luz verde
La nueva medida endurece las penas en El Salvador y genera críticas desde la comunidad internacional.
Con un respaldo casi unánime, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que habilita la cadena perpetua para delitos específicos, en el marco de su estrategia contra las pandillas.
La modificación al artículo 27 establece que la pena de por vida se aplicará exclusivamente a “homicidas, violadores y terroristas”, manteniendo la prohibición de sanciones consideradas degradantes, como la prisión por deudas.
Endurecimiento penal en El Salvador reabre debate por seguridad y derechos humanos
El cambio marca un giro respecto del sistema anterior, que fijaba un máximo de 60 años de cárcel y promovía la reinserción social.
La iniciativa fue aprobada sin mayor debate, con 59 votos a favor y uno en contra, reflejando el control del oficialismo, liderado por Nuevas Ideas, sobre el Congreso. Aún resta una ratificación para que entre en vigencia.
Desde el gobierno, la medida es defendida como clave para consolidar la ofensiva contra estructuras criminales que durante años dominaron el país.
Régimen de excepción: resultados y críticas
La política de seguridad ha tenido como eje el régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual se han realizado miles de detenciones y se ha reportado una fuerte caída en los homicidios.
Sin embargo, el endurecimiento de las penas coincide con un aumento de las críticas internacionales. En ese contexto, un grupo de juristas denunció posibles crímenes de lesa humanidad, incluyendo acusaciones de tortura, desapariciones forzadas, detenciones de menores y violencia sexual. El informe será presentado ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
Respuesta oficial y debate regional
El mandatario respondió a través de redes sociales, y señaló que las críticas buscan favorecer la liberación de pandilleros. Además, acusó a organizaciones internacionales de actuar como “defensores del crimen”.
El caso ha generado atención en América Latina. En Chile, el debate se instala en medio de preocupaciones por la delincuencia, tensionando la discusión entre eficacia en seguridad y respeto a los derechos fundamentales.