Contraloría detecta millonarias apuestas de funcionarios públicos con prohibición de jugar
Un informe de la Contraloría detectó que cientos de funcionarios realizaron apuestas por más de $11 mil millones, incluyendo casos de quienes administran recursos fiscales.
La Contraloría General de la República reveló un nuevo caso que involucra a funcionarios públicos en conductas incompatibles con la normativa vigente.
De acuerdo con el informe CIC N° 20, un total de 910 trabajadores del Estado y municipios efectuaron apuestas en casinos por una cifra que supera los $11.490 millones entre enero de 2024 y junio de 2025.
El análisis se basó en un cruce de datos entre registros oficiales de funcionarios encargados de administrar fondos públicos y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Este ejercicio permitió identificar transacciones que, en algunos casos, no se condicen con los ingresos declarados por los involucrados.
Irregularidades y concentración de montos
Uno de los aspectos más relevantes del informe apunta a 181 funcionarios que cumplen funciones vinculadas al manejo de recursos fiscales. Este grupo concentra casi la totalidad del dinero apostado, lo que alcanza el 96,8% del total detectado.
Además, se constató que varios de los montos individuales superan cifras millonarias, incluso por sobre los $1.000 millones en ciertos casos. Los funcionarios pertenecen a diversas instituciones, incluyendo fuerzas de orden, organismos fiscales y municipalidades.
Contraloría activa medidas y deriva casos a la justicia
La legislación vigente prohíbe expresamente que quienes administran fondos públicos participen en juegos de azar en casinos, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y eventualmente penales.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría anunció que remitirá los casos a la Superintendencia de Casinos, así como a las instituciones correspondientes para la apertura de sumarios. En paralelo, los casos más graves serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones judiciales.