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Contraloría detecta graves fallas en sistema de emisión de cédulas del Registro Civil: incluso recién nacidos aparecieron con profesiones

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POR Micaela Galarce Mascaró |

Auditoría reveló errores en documentos de identidad, retrasos en entregas y debilidades de control en el nuevo sistema implementado para modernizar la emisión de cédulas y pasaportes en Chile.

La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en el sistema utilizado por el Registro Civil para emitir cédulas de identidad y pasaportes, tras una auditoría realizada al Nuevo Sistema de Identificación (NSI), implementado en noviembre de 2024.

El informe reveló problemas operativos, errores en los documentos emitidos y retrasos significativos en la entrega de carnets y pasaportes, lo que llevó al organismo fiscalizador a iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

Errores en los documentos emitidos

Entre las anomalías detectadas por la Contraloría figuran fallas en la información registrada en los documentos de identidad.

Según el informe, se identificaron casos de cédulas emitidas con abreviaciones incorrectas, documentos entregados sin activación e incluso carnets de recién nacidos que registraban profesiones.

Asimismo, se detectaron situaciones en que adultos aparecían con profesiones que no correspondían a su realidad, lo que evidenciaría problemas en el procesamiento de datos del sistema.

Retrasos masivos en la entrega de carnets

La auditoría también evidenció demoras en la entrega de documentos de identidad.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se realizaron alrededor de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 168.411 fueron entregadas fuera de plazo, equivalente a cerca del 17% del total.

Los retrasos registrados fluctuaron entre 9 y 89 días hábiles, obligando a miles de personas a esperar más tiempo del previsto para recibir su cédula o pasaporte.

Problemas de gestión y pagos cuestionados

El informe también detectó debilidades en los mecanismos de control interno del sistema.

Entre ellas, la falta de planes formales de supervisión y problemas en la integración de los pagos electrónicos con la empresa Transbank, lo que dejó inoperativos dispositivos de pago en diversas oficinas del país.

Además, se constató el pago por servicios no prestados asociados a la implementación de estaciones de trabajo para el sistema.

De las 1.270 estaciones contratadas, 436 no fueron habilitadas, lo que implicó un desembolso cercano a $2.478 millones.

Contrato incumplido y posibles sanciones

La Contraloría también concluyó que la empresa encargada del sistema incumplió el contrato, por lo que correspondería aplicar multas que superan los $3.393 millones.

El organismo instruyó al Registro Civil iniciar el proceso de cobro de dichas sanciones y acreditar la recuperación de los montos.

En caso contrario, la Contraloría podría adoptar medidas para asegurar la restitución de los recursos públicos.

Debido a todas estas observaciones, el ente fiscalizador anunció la apertura de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades en la implementación del sistema.