Ministerio de Seguridad desvincula a abogados que lideraban causas contra crimen organizado
La salida de los profesionales se da en medio de una reestructuración interna y un recorte presupuestario.
El Ministerio de Seguridad decidió desvincular a 10 abogados de su División Jurídica, profesionales que participaban en investigaciones relevantes relacionadas con delincuencia, atentados y crimen organizado en el país.
La cartera es encabezada por la ministra Trinidad Steinert, y la decisión se enmarca en una reestructuración interna del organismo, además de ajustes presupuestarios aplicados al aparato público.
Abogados participaban en casos emblemáticos
Entre los profesionales despedidos se encuentra el abogado Rodrigo Barros, quien participó en procesos judiciales relevantes.
Entre ellos, el caso que terminó con la condena de los hermanos Antihuén, responsables del asesinato de tres carabineros en la provincia de Arauco.
También trabajó en investigaciones vinculadas al Tren de Aragua, incluyendo el secuestro de un empresario en Rancagua ocurrido en 2023, causa en la que los responsables recibieron condenas que suman más de 170 años de cárcel.
Además, el abogado tuvo participación en el proceso judicial que terminó con la condena de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Recorte presupuestario y reestructuración
Según antecedentes, los despidos se explican por criterios políticos, reestructuración interna y el recorte presupuestario del 3% aplicado a los ministerios para reducir el gasto público.
La medida ha generado inquietud dentro de la propia cartera, ya que los abogados desvinculados estaban a cargo de causas complejas relacionadas con crimen organizado, atentados y delitos de alta gravedad.
Preocupación por impacto en investigaciones
Fuentes del ministerio advirtieron que la salida de estos profesionales podría afectar el avance de varias investigaciones actualmente en curso.
Entre ellas se encuentran causas relacionadas con trata de personas, explotación sexual y delitos vinculados a organizaciones criminales, donde el equipo jurídico del ministerio actúa como querellante.
Incluso, al momento de su salida, uno de los abogados despedidos se encontraba trabajando en la investigación por la reciente muerte de un carabinero en Puerto Varas.