Raúl Figueroa por agresión a ministra Lincolao: “No basta la condena verbal del mundo político, se requiere castigo”

En Radio Pauta, el exministro de Educación abordó el aumento de la violencia en el país y distinguió entre hechos de carácter político y aquellos que ocurren en comunidades escolares. Planteó sanciones efectivas, criticó la sobre regulación en educación y defendió medidas que fortalezcan la autoridad en los establecimientos.

En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con el exministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, quien analizó la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en medio del debate por el aumento de hechos de violencia en el país. A su juicio, se trata de un caso de violencia política que requiere una respuesta clara del Estado.

“La agresión gravísima que sufrió la ministra de Ciencia es la manifestación de violencia política”, afirmó. En ese contexto, enfatizó que “no basta la condena verbal del mundo político. Acá se requiere castigo”, junto con advertir que la falta de sanción debilita la convivencia democrática.

Violencia política, crisis escolar y debate legislativo

Figueroa sostuvo que el país enfrenta distintos tipos de violencia que no pueden abordarse de la misma forma. Explicó que los hechos como la agresión a autoridades responden a grupos que buscan imponer sus ideas por la fuerza, mientras que en los colegios existe un problema más amplio, vinculado a factores sociales y formativos.

“Cada vez que la violencia se legitima, se hace más difícil erradicarla”, señaló, junto con advertir que en Chile se ha producido una normalización que impacta especialmente en niños y jóvenes.

En el ámbito escolar, el exministro afirmó que muchos estudiantes carecen de herramientas para resolver conflictos y ven la violencia como única salida. Planteó que no se puede exigir a los colegios resolver por sí solos este fenómeno, ya que refleja problemas que se originan fuera del aula.

Respecto de las políticas públicas, criticó la ley de convivencia escolar recientemente aprobada. A su juicio, no tendrá impacto relevante y solo añade exigencias burocráticas. En contraste, valoró algunos aspectos del proyecto de “escuelas protegidas”, en especial aquellos que fortalecen la autoridad docente y permiten resolver conflictos dentro de las comunidades educativas.

También abordó medidas como detectores de metales o revisión de mochilas. Indicó que pueden aportar en ciertos contextos, aunque no constituyen una solución estructural.

Gratuidad como sanción y un enfoque integral para enfrentar la violencia

En educación superior, respaldó la posibilidad de retirar la gratuidad a estudiantes que participen en hechos graves de violencia. Sostuvo que se trata de una sanción proporcional, ya que implica el incumplimiento de requisitos para acceder al beneficio.

Finalmente, recalcó que enfrentar este fenómeno exige un enfoque integral, que combine sanción efectiva en casos de violencia política con políticas educativas que fortalezcan la convivencia, la autoridad y el sentido de pertenencia en las comunidades.