Subsecretaria de Telecomunicaciones enfrenta cuestionamientos por contratos simultáneos y caso es revisado por Contraloría
La participación en actividades con empresas reguladas y la fallida nominación para la Agencia de Protección de Datos reactivaron dudas sobre criterios de probidad, en medio de una revisión en Contraloría y crecientes presiones políticas al Ejecutivo.
El Gobierno enfrenta un nuevo foco de cuestionamientos tras la denuncia presentada ante la Contraloría contra la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido,en un caso que se cruza con el compromiso del Presidente José Antonio Kast de avanzar en la eliminación de los dobles sueldos en el Estado.
La presentación, ingresada en febrero de 2026, solicita revisar eventuales incompatibilidades en el historial contractual de la autoridad. Según los antecedentes, Garrido habría mantenido contratos a honorarios de forma simultánea en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Denuncia ante Contraloría y antecedentes abren cuestionamientos en Subtel
Los montos superan los $5,4 millones mensuales y, en ciertos periodos, las funciones se habrían desarrollado en paralelo.
Uno de los puntos observados es la carga horaria. El documento plantea jornadas que podrían superar las 90 horas semanales, lo que abre dudas sobre la compatibilidad de funciones y la efectiva prestación de los servicios comprometidos.
A esto se suma un antecedente vinculado a licencias médicas. La denuncia incluye una deuda cercana a $871 mil por pagos recibidos durante periodos de reposo, monto que fue regularizado en febrero de 2026, días antes de asumir el cargo.
También se solicita evaluar la compatibilidad entre esas licencias y actividades académicas realizadas en el extranjero en años anteriores.
Cuestionamientos por vínculos y decisiones refuerzan presión sobre Subtel
El caso se complejiza con otros episodios recientes. La participación de la subsecretaria en una actividad patrocinada por la empresa WOM generó cuestionamientos en el sector, considerando que existen procesos abiertos que involucran a la compañía y a la Subtel por eventuales irregularidades en licitaciones de 5G y Fibra Óptica Nacional.
Asimismo, la nominación inicial del Ejecutivo para el consejo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales incluyó nombres con vínculos previos con la subsecretaria, lo que motivó críticas por posibles conflictos de interés. El Gobierno optó por modificar la propuesta.
Los antecedentes configuran un escenario complejo para el Ejecutivo en materia de probidad, uno de los ejes que buscó instalar al inicio de la administración. Por ahora, el caso se encuentra en revisión por parte de la Contraloría, mientras aumentan las presiones políticas para que el Gobierno defina una postura frente a los cuestionamientos.