SLEP Santiago Centro activa proceso en colegios para evaluar uso de detectores de metales
Un oficio enviado a 43 establecimientos instruye levantar diagnósticos, consultar a las comunidades educativas y definir si se aplicarán medidas contempladas en la nueva ley de convivencia escolar, que entra en vigencia el 1 de julio.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro inició un proceso en sus establecimientos para evaluar la eventual incorporación de detectores de metales, en el marco de la Ley N° 21.809 sobre convivencia escolar.
A través de un oficio fechado el 9 de abril, su directora ejecutiva, Paulina Retamales, solicitó a los equipos directivos de 43 recintos, incluidos los liceos emblemáticos, elaborar propuestas que permitan determinar si corresponde aplicar esta herramienta, contemplada en la normativa.
La legislación establece que su uso es posible solo cuando existan antecedentes que hagan presumir riesgos para la integridad de la comunidad educativa, y siempre que haya fundamentos claros y acuerdo de los distintos estamentos.
Diagnóstico, participación y protocolos: las condiciones exigidas
El instructivo establece como primer paso realizar un diagnóstico que incluya hechos de violencia, percepción de seguridad y revisión de reglamentos internos, junto con reunir antecedentes que respalden la decisión.
Además, se exige informar a la comunidad educativa sobre el alcance de la ley y el uso de estas tecnologías, y definir un mecanismo participativo para tomar la decisión. En caso de aplicarse la medida, será obligatorio contar con protocolos formales y dejar constancia del acuerdo en instancias como el Consejo Escolar.
Evaluación caso a caso y planificación de recursos
Las propuestas serán revisadas por el SLEP, que luego analizará su viabilidad junto a cada establecimiento. Solo tras esa etapa podrían avanzar hacia su implementación.
El organismo también deberá prever aspectos administrativos y financieros, como procesos de compra, licitaciones y coordinación con ministerios, además de apoyar la elaboración de protocolos.
El plazo para que los colegios entreguen sus antecedentes vence el 15 de mayo, en un calendario que busca anticipar la entrada en vigencia de la ley el próximo 1 de julio.