Harboe por alta tasa de causas sin término judicial: “El sistema de persecución penal y policial no está teniendo la capacidad investigativa suficiente”

En Radio Pauta, el investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián advierte un bajo nivel de resolución en delitos complejos, cuestiona la coordinación institucional y apunta a falencias en prevención, persecución y diseño del sistema.

En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con el exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe, sobre el primer informe de persecución penal del crimen organizado, que analiza una década de datos del Ministerio Público.

El diagnóstico central apunta a una baja capacidad del sistema para cerrar investigaciones en delitos complejos. “El sistema de persecución penal y policial no está teniendo la capacidad investigativa suficiente”, afirmó.

Baja capacidad investigativa y déficit estructural tensionan la respuesta del Estado frente al crimen organizado

Harboe contextualizó que el crimen organizado representa cerca del 5% de los delitos, pero con un impacto alto en la seguridad pública. En ese escenario, advirtió que “en 7 de cada 10 causas de investigación de crimen organizado no se llega a un término judicial”, lo que implica archivos o decisiones de no perseverar. A su juicio, esto refleja un problema estructural en la persecución penal.

El análisis también muestra un aumento significativo de sobreseimientos y archivos provisionales en los últimos diez años. Aunque el estudio no identifica causas específicas, Harboe señaló que la evidencia permite abrir líneas de investigación sobre brechas territoriales, diferencias en recursos y capacidades, y falencias en el uso de inteligencia.

Uno de los puntos más críticos aparece en la ciberdelincuencia. Según explicó, “9 de cada 10 causas de ciberdelincuencia no tienen salida judicial” y en los pocos casos que avanzan no se registran condenas. Esto lo vinculó con la reciente entrada en vigencia de la ley de delitos informáticos, que dotó de herramientas legales al sistema recién en 2023.

En materia de armas, cuestionó la falta de investigaciones sobre el origen del armamento utilizado en delitos. Planteó que muchas causas se cierran al identificar al autor de un crimen, sin indagar la cadena de provisión de armas, lo que impide desarticular redes más amplias.

Propuso avanzar hacia fiscalías especializadas o sistemas de cruce de información a nivel nacional. También puso énfasis en las fallas de coordinación entre fiscalías y en la fragmentación institucional, lo que dificulta investigaciones complejas que atraviesan distintas regiones.

Más allá de la persecución penal, el exsubsecretario sostuvo que el foco debe ampliarse hacia la prevención. Advirtió que el sistema actúa una vez cometido el delito, mientras factores como la deserción escolar y la falta de oportunidades facilitan el reclutamiento por parte del crimen organizado. “La oferta delictual está siendo más atractiva que la oferta formal”, señaló.

Críticas a perfiles en prevención, debilidad institucional y costo creciente de la delincuencia

En ese contexto, también cuestionó el enfoque en los perfiles de la Subsecretaría de Prevención del Delito. A su juicio, el organismo debiera priorizar especialistas en prevención y no en control policial.

“La subsecretaría de prevención supone que haya gente que entienda de prevención más que de control”, afirmó, y advirtió que un diseño inadecuado puede limitar el impacto de las políticas preventivas.

En esa línea, planteó que el país carece de una estrategia integral de seguridad y sostuvo que el nuevo Ministerio de Seguridad presenta debilidades estructurales, al no contar con atribuciones clave como inteligencia, migración o gendarmería.

También alertó sobre el deterioro en Carabineros, con menos postulantes y déficit de personal, y advirtió que la delincuencia ya representa un costo cercano a dos puntos del PIB.