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Dipres retrocede en el tono y aclara alcance de oficio que encendió debate por programas públicos

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POR María Alejandra Gallardo Contreras |

A tres días de la controversia, el organismo reconoce fallas en la comunicación y precisa que no se busca eliminar iniciativas, sino ajustar su diseño en el marco del proceso presupuestario.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) debió precisar el alcance del oficio del Ministerio de Hacienda que generó controversia al sugerir la “descontinuación” de 142 programas del gobierno central, en medio de cuestionamientos por el tono y las implicancias del documento.

El subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá, abordó el tema en el   seminario ‘Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo’ que organizó el Centro de Políticas Públicas de la U. Católica, donde reconoció que la forma en que se comunicó el contenido del oficio dio pie a interpretaciones erróneas.

Dipres aclara alcance de oficio y descarta eliminación de programas, en medio de críticas por su redacción

Según explicó, el rol de la Dipres no es pronunciarse sobre la validez de las políticas públicas, sino identificar problemas en los instrumentos con que estas se ejecutan.

En esa línea, aclaró que el concepto de “descontinuar” no apunta a eliminar programas, sino a revisar su diseño. La intención, sostuvo, es que los servicios mantengan los objetivos de política pública, pero a través de mecanismos más eficientes.

Redacción del oficio y etapa inicial del proceso presupuestario explican la controversia

El foco de la polémica estuvo en la redacción del oficio, que planteaba de manera categórica la necesidad de considerar evaluaciones previas para definir continuidad, rediseño o financiamiento, además de clasificar ciertos programas como “condicionados”. Esa formulación fue interpretada como una señal de recorte directo.

Desde la Dipres recalcan que se trata de una etapa inicial del proceso presupuestario, en la que los servicios deben ajustar sus prioridades. En ese contexto, insisten en que estas evaluaciones forman parte de un procedimiento habitual y que su objetivo es mejorar la calidad del gasto público, más que reducirlo automáticamente.