Fiscal Barros sobre secuestros: “Estaban muy en alza en 2023; hoy estamos en una meseta más baja, pero estable”

En Radio Pauta, el fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del equipo ECO abordó el escenario del crimen organizado en Chile, advirtió sobre la evolución de los secuestros, el aumento de la violencia y el rol de organizaciones transnacionales, además de alertar por los riesgos de filtraciones en investigaciones en curso.

En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios (ECOH), quien entregó un diagnóstico sobre la evolución de los secuestros en Chile y el comportamiento de las organizaciones criminales.

El persecutor sostuvo que el fenómeno dejó atrás su punto más crítico, aunque sin una caída sostenida. “Cuando parte el equipo en el 2023, estaban muy en alza los secuestros y los secuestros con homicidios, casi dos diarios”, afirmó.

Hoy, en cambio, el escenario cambió: “Estamos viviendo un proceso de mesetas mucho más bajos de lo que estaban al principio, pero estables”. Según explicó, el comportamiento del delito es dinámico: “Es muy difícil amarrarse con estadísticas (…) esto es como un electrocardiograma”.

Secuestros, crimen organizado y nuevos mercados delictuales

Barros detalló que los secuestros actuales responden a estructuras más complejas, con fuerte presencia de organizaciones transnacionales. Explicó que estas operan con lógicas jerárquicas y con decisiones que se toman fuera del país.

“Las operaciones (…) tienen que ser autorizadas por los mandos superiores”, indicó, junto con precisar que estos pueden estar en Colombia o Venezuela.

También advirtió sobre el impacto de la exposición pública de información durante investigaciones. “Muchas veces eso pone en riesgo la integridad física y la vida de la persona secuestrada”, señaló.

En el caso reciente, afirmó que la cobertura mediática incidió en el proceso: “Hubo una exageración y datos que no eran correctos”, lo que elevó las exigencias económicas de los captores.

Estructuras transnacionales y filtraciones que tensionan investigaciones por secuestro

En paralelo, el fiscal alertó por cambios en la composición de las bandas. Indicó que crece la participación de chilenos en estos delitos, principalmente para facilitar logística y lugares de cautiverio. A eso se suma un aumento en la violencia.

“Hoy las organizaciones no disparan para lesionar, disparan para matar”, afirmó, junto con advertir que el acceso a armamento moderno otorga estatus dentro de estas estructuras.

Respecto de las víctimas, explicó que existe un análisis previo que se alimenta de información disponible en el entorno o en redes sociales. La exhibición de bienes o estilo de vida puede incidir en la selección de objetivos.

Vacíos legales y mercados abiertos facilitan expansión del crimen organizado

Barros también abordó los desafíos estructurales del combate al crimen organizado. Señaló que el país no ha logrado consenso en su definición y que existen mercados ilegales abiertos que facilitan su expansión.

Mencionó la extorsión como uno de los negocios más rentables y advirtió que la prostitución y la trata de personas operan con bajo riesgo penal. Añadió la necesidad de avanzar en sanciones para denuncias falsas de secuestro, que generan altos costos para el Estado.

Cigarrillos, nuevas drogas y falta de coordinación internacional tensionan el combate al crimen organizado

En materia de economías ilícitas, indicó que el contrabando de cigarrillos se posiciona como una alternativa atractiva para las organizaciones, debido a su alta rentabilidad y menor riesgo en comparación con el narcotráfico.

Sobre drogas, advirtió la aparición de nuevas sustancias como el fentanilo, junto con enfatizar que las redes criminales priorizan ganancias por sobre cualquier impacto en la salud pública.

Finalmente, el fiscal subrayó que la persecución penal tiene límites sin coordinación internacional. Planteó que Chile no puede enfrentar solo a estas organizaciones y recalcó la falta de colaboración desde Venezuela como una de las principales dificultades en investigaciones en curso.