IPS advierte que traspaso del Seguro de Invalidez desde las AFP podría retrasarse hasta 2027
El Instituto de Previsión Social expuso ante el Senado que la puesta en marcha del traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría concretarse en 2026 o aplazarse hasta 2027, dependiendo del nivel de responsabilidad que asuma el organismo.
Uno de los cambios menos visibles, pero más relevantes de la reforma previsional aprobada en 2025, continúa pendiente de resolución. Se trata del futuro del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), mecanismo que hoy opera asociado a las AFP y que deberá integrarse al nuevo Seguro Social impulsado por la reforma.
El proceso requiere una ley complementaria que regule el traspaso hacia el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), organismo público encargado de administrar parte del nuevo esquema previsional. Aunque el proyecto ingresó al Congreso hace casi un año, su discusión sigue abierta en el Senado.
Congreso debe definir alcance del rol estatal en el nuevo sistema previsional
La principal diferencia apunta a una pregunta de fondo: cuánto protagonismo tendrá el Instituto de Previsión Social (IPS) en la gestión del seguro.
Durante una exposición ante la Comisión de Hacienda, el IPS explicó que existen dos caminos posibles. El primero considera una participación acotada, enfocada en recaudar cotizaciones, manejar información y orientar a afiliados. Esa alternativa requeriría ajustes operativos menores y podría implementarse desde agosto de 2026.
El segundo escenario supone un cambio estructural mayor. Bajo esa fórmula, el IPS asumiría funciones hoy ajenas a su operación habitual, como cálculo de beneficios, pago de prestaciones, resolución de reclamos y administración integral del seguro.
Mayor participación del IPS implicaría nuevos riesgos y más tiempo de preparación
El organismo advirtió que un traspaso completo obligaría a fortalecer equipos especializados, ampliar infraestructura tecnológica y preparar a la red ChileAtiende para convertirse en uno de los principales puntos de atención del beneficio.
Además, aumentaría la exposición a errores administrativos, retrasos en pagos y eventuales reclamaciones judiciales.
Según la proyección entregada al Senado, ese modelo necesitaría alrededor de 15 meses adicionales de preparación, retrasando su entrada en funcionamiento hasta agosto de 2027.