Nueva ofensiva judicial contra ProCultura: Fiscalía busca formalizar a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida
La Fiscalía imputará seis delitos de apropiación indebida a Alberto Larraín y Constanza Gómez. La causa revisa más de $1.100 millones entregados a la fundación desde organismos públicos de la región.
Una nueva etapa enfrentará este lunes la investigación del caso ProCultura. A partir de las 08:30 horas, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogerá la audiencia donde la Fiscalía Regional formalizará cargos contra Alberto Larraín y Constanza Gómez por presuntos delitos vinculados al uso de recursos públicos entregados a la fundación.
El fiscal Cristián Aguilar imputará a ambos seis delitos consumados de apropiación indebida, en una causa que se transformó en una de las primeras aristas del denominado caso Convenios.
Nueva audiencia reabre una de las primeras aristas investigadas del caso ProCultura
Según la investigación, Larraín, como director ejecutivo, y Gómez, en calidad de representante legal, habrían tenido responsabilidad en irregularidades detectadas en convenios suscritos con reparticiones públicas de Antofagasta.
Entre los antecedentes bajo revisión aparece el programa “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, iniciativa que significó una transferencia cercana a $630 millones desde el Gobierno Regional a ProCultura.
A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda de la región, que acumularon más de $500 millones adicionales.
La investigación cuestiona no solo la ejecución de esos recursos, sino también el mecanismo utilizado para adjudicar fondos y supervisar posteriormente su utilización. Observaciones previas de Contraloría habían advertido ausencia de concursos y falencias en la fiscalización del cumplimiento de objetivos comprometidos.
Segunda formalización y defensa anticipa disputa judicial
La audiencia de este lunes no constituye el primer enfrentamiento judicial de Larraín y Gómez con el Ministerio Público. Ambos ya fueron formalizados previamente por otra línea investigativa asociada a la Gobernación Metropolitana, proceso que incluyó órdenes de detención.
Desde la defensa anticiparon una ofensiva contra la tesis persecutora. El abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, sostuvo que la imputación repetiría argumentos que, a su juicio, fueron descartados por tribunales en Santiago. “El esquema de imputación (…) es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago”, afirmó.
El avance de esta causa resulta especialmente sensible porque Antofagasta fue el punto inicial desde donde comenzaron a expandirse las investigaciones que luego derivaron en el caso Convenios, tras conocerse los traspasos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda regional.