Junaeb acudirá a Fiscalía por presuntas irregularidades superiores a $14 mil millones detectadas tras auditoría
La institución recurrirá a Fiscalía y Contraloría por eventuales pagos irregulares vinculados al Programa de Alimentación Escolar, en medio de la auditoría impulsada por el Gobierno sobre servicios públicos.
La actual administración de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), presentará una denuncia ante Fiscalía y Contraloría por presuntas irregularidades que superarían los $14 mil millones, asociadas a pagos cuestionados y licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según información revelada por La Tercera, autoridades del organismo sostendrán una reunión con la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público antes de concretar la entrega formal de antecedentes, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Auditoría del Gobierno abre nuevas denuncias por uso de recursos públicos
Entre las observaciones aparecen posibles sobreprecios, pagos por servicios presuntamente no ejecutados y reparos vinculados a contratos del PAE.
Parte de estos antecedentes se relaciona con cuestionamientos surgidos en 2023 respecto de pagos asociados a la empresa Soser en la Región de O’Higgins, caso que fue investigado previamente y cuya causa penal terminó sobreseída en 2024.
Sin embargo, la actual administración sostiene que existirían nuevos antecedentes sobre hechos ocurridos durante 2023 que no habrían sido considerados en revisiones anteriores y que elevarían el monto observado a más de $14 mil millones.
Exdirectora de Junaeb descarta nuevas irregularidades y cuestiona denuncia
La exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, rechazó los cuestionamientos y afirmó que informes posteriores descartaron irregularidades y acreditaron la corrección de observaciones previas. A su juicio, los problemas detectados respondían a deficiencias estructurales de antiguas licitaciones y no a nuevas anomalías.
La denuncia convertiría a Junaeb en el primer organismo revisado por la auditoría impulsada por el Gobierno sobre el período 2022-2026 en llevar antecedentes a la justicia. El proceso también contempla revisiones en ANID, Subsecretaría de Transportes, SernamEG y Prodemu.