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Ministro Poduje enfrenta querella por demolición de viviendas en El Olivar

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POR María Alejandra Gallardo Contreras |

La acción judicial fue presentada por una empresa que participaba en la reconstrucción de El Olivar y acusa al ministro de Vivienda y a otras autoridades regionales de haber impulsado decisiones irregulares que culminaron con la demolición de viviendas destinadas a familias afectadas por el megaincendio de 2024.

Una querella criminal fue presentada este viernes contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por su presunta participación en decisiones que derivaron en la demolición de viviendas del proyecto habitacional El Olivar, en Viña del Mar, destinadas a familias afectadas por el megaincendio de 2024.

La acción fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por la empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ), entidad que participaba en la ejecución de las obras habitacionales destinadas a familias damnificadas.

La querella que complica al ministro Poduje por la reconstrucción en El Olivar

El escrito también incluye al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz.

Según la presentación judicial, las autoridades habrían adoptado decisiones que excedían sus atribuciones y que terminaron afectando el desarrollo del proyecto. Entre los delitos que se solicita investigar figuran prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público y fraude al Fisco.

Lo que dice la querella contra el ministro Poduje

La querella sostiene que se habrían elaborado informes con observaciones técnicas que posteriormente sirvieron de fundamento para paralizar las obras y justificar la demolición de viviendas ya construidas. Además, plantea que existían antecedentes técnicos que recomendaban reforzar las estructuras en lugar de eliminarlas.

La abogada Erika Maira, representante de la empresa querellante, afirmó que la demolición generó un perjuicio económico para el Estado y pidió que el Ministerio Público determine las eventuales responsabilidades penales de las autoridades involucradas.

Hasta ahora, las acusaciones forman parte de una acción judicial en etapa inicial, por lo que será la investigación la que deberá establecer la veracidad de los antecedentes expuestos por los denunciantes.