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Mauricio Duce por Registro de Vándalos: “Hay muchas dudas de que esta medida tenga un efecto disuasivo”

POR María Alejandra Gallardo Contreras |

El académico de la Escuela de Gobierno de la UC cuestionó la efectividad de la propuesta anunciada por el Gobierno, advirtió riesgos de exclusión social y planteó que muchas de las conductas que se buscan sancionar ya cuentan con castigos establecidos en la legislación vigente.

En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con Mauricio Duce, abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, sobre la propuesta del Ejecutivo de crear un Registro de Vándalos e Incivilidades que podría implicar restricciones para acceder a determinados beneficios sociales.

Las dudas que genera el Registro de Vándalos entre los expertos

Duce explicó que la iniciativa genera una evaluación muy distinta entre la ciudadanía y los especialistas en políticas públicas. Mientras las encuestas muestran un amplio respaldo ciudadano, la mayoría de los expertos consultados por la Escuela de Gobierno de la UC mantiene una visión crítica respecto de la propuesta.

Según detalló, una de las principales inquietudes apunta a la capacidad real de la medida para modificar conductas. “La pregunta central desde el punto de vista política pública es si efectivamente una medida de este tipo tiene posibilidad de disuasión. Los panelistas se manifiestan con distancia y con muchas dudas de que efectivamente esto vaya a ocurrir así”, afirmó.

El académico sostuvo que existe consenso respecto de que las incivilidades representan un problema que debe enfrentarse, pero advirtió que ello no implica que cualquier solución sea necesariamente adecuada.

A su juicio, es importante distinguir entre la existencia del problema y la idoneidad de las herramientas propuestas para resolverlo.

Riesgos de exclusión y dudas constitucionales

Duce señaló que otra preocupación relevante tiene relación con los efectos que podría generar la pérdida de beneficios sociales en ciertos grupos, especialmente entre jóvenes que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En esa línea, sostuvo que algunas sanciones podrían terminar alejando a personas de espacios educativos o de apoyo estatal. “Muchas de estas sanciones están asociadas en la lógica de marcarte y de, por así decirlo, excluirte”, indicó.

Además, advirtió que existen posibles tensiones constitucionales asociadas a la proporcionalidad de las sanciones, eventuales discriminaciones y restricciones de derechos que podrían derivarse de la aplicación del registro.

Fiscalización y cumplimiento: las alternativas que propone el académico

El abogado también recordó que gran parte de las conductas mencionadas por las autoridades ya se encuentran sancionadas por la legislación vigente. Entre ellas figuran daños a bienes públicos, comercio ilegal, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y ataques a la autoridad.

Por lo mismo, estimó que el desafío principal no pasa necesariamente por crear nuevas sanciones, sino por mejorar la capacidad de fiscalización y cumplimiento de las normas existentes.

Como alternativa, destacó experiencias de patrullajes focalizados en sectores con alta concentración de delitos e incivilidades, estrategia que, según afirmó, ha mostrado resultados positivos en la reducción de estos hechos.