Operación Tokio y nuevos antecedentes: Ejecutiva de BancoEstado figura entre los imputados
El antecedente surgió en plena audiencia judicial y se suma a la participación ya conocida de un ejecutivo de Banco Santander en la red investigada por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
La formalización de los imputados por la denominada Operación Tokio dejó un nuevo antecedente que refuerza las sospechas sobre la infiltración del crimen organizado en el sistema financiero.
La audiencia también permitió conocer el caso de Rossana Magdalena Blanco Blanco, quien prestaba servicios para BancoEstado mediante una empresa subcontratada. El Ministerio Público sostiene que la imputada mantenía nexos con una célula del Tren de Aragua involucrada en la red de lavado de activos.
Nuevo antecedente amplía arista bancaria de la investigación
El fiscal regional Héctor Barros explicó que el dato surgió durante la propia formalización y que la mujer forma parte del grupo de acusados investigados por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
Hasta ahora no se han entregado detalles públicos sobre las funciones que habría desempeñado dentro de la organización ni sobre el alcance de su eventual participación en las operaciones financieras bajo investigación.
La aparición de esta nueva imputada amplía una de las aristas más sensibles del caso: la posible utilización de conocimientos y herramientas del sistema bancario para facilitar el movimiento y ocultamiento de recursos de origen ilícito.
Lo que ya se conocía de la Operación Tokio
Antes de este antecedente, la investigación ya había puesto el foco en José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander detenido durante el operativo desarrollado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.
Según el Ministerio Público, la organización habría lavado más de US$84 millones mediante una compleja red de sociedades, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de los fondos.
La causa contempla 17 imputados formalizados por delitos como asociación criminal y lavado de activos. Tras la audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva para 14 de ellos y fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.